AGENCIA
Ciudad de México.- La detención de Ernesto Ruffo volvió a colocar en el centro del debate el caso del llamado “huachicol fiscal”, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción revelados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el operativo también reavivó cuestionamientos sobre la actuación de las instituciones de justicia, señaladas por diversos sectores de actuar con criterios políticos y mantener sin resolver otros expedientes de alto impacto.
Mientras la captura acaparó la atención pública, crecieron las críticas por la falta de avances en investigaciones como el presunto desfalco en Segalmex, las acusaciones sobre vínculos entre funcionarios y grupos delictivos, así como otras ramificaciones relacionadas con el contrabando de combustibles. Para analistas y opositores, la diferencia en el tratamiento de estos casos alimenta la percepción de una justicia que persigue a unos mientras protege a otros.
La polémica se intensificó en un contexto adverso para el Gobierno federal. Durante esa semana se acumularon diversos hechos que generaron presión política sobre la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellos cuestionamientos por la entrega del piloto vinculado con Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades estadounidenses, así como la difusión de audios que involucraron a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en presuntas negociaciones con el FBI, tema que provocó un nuevo enfrentamiento con el exgobernador Jaime Bonilla.
A ello se sumó un nuevo descarrilamiento del Tren Interoceánico, lo que volvió a poner bajo la lupa la seguridad y calidad de las obras emblemáticas heredadas del sexenio anterior. Las críticas apuntaron a que, tras accidentes previos, las responsabilidades se limitaron a los operadores, sin que existieran consecuencias para quienes participaron en el diseño, construcción y supervisión de la infraestructura.
Otro de los temas que desató inconformidad fue la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto al caso Ayotzinapa. La resolución fue interpretada por organizaciones y críticos como una exoneración de las Fuerzas Armadas, lo que reavivó cuestionamientos sobre la autonomía del organismo y su papel como garante de los derechos humanos.
En paralelo, las renuncias de altos funcionarios dentro de la Fiscalía General de la República, entre ellos Ulises Lara y Óscar Langlet González, incrementaron las dudas sobre el funcionamiento interno de la institución y la conducción de investigaciones relacionadas con delitos cometidos por servidores públicos.
La violencia también marcó la agenda nacional. El asesinato del periodista Josué Martínez, en Puebla; la persistente exigencia de justicia por el homicidio de la periodista Roxana Guzmán, en Veracruz; el ataque contra la regidora de Tecate, María de Jesús Quijada, donde murió su esposo; el asesinato del exalcalde Pedro Martínez Barroso, en Oaxaca, y la ejecución simultánea de diez personas en distintos municipios de Zacatecas, fueron hechos que evidenciaron el deterioro de la seguridad en diversas entidades.
Las críticas aumentaron tras la liberación del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, luego de cubrir una multa de 20 mil pesos, pese a enfrentar acusaciones por presunta violencia familiar. El caso generó indignación debido a que la denuncia tomó fuerza únicamente después de que un video de las agresiones se difundiera en redes sociales.
En este escenario, la captura de Ernesto Ruffo fue interpretada por diversos sectores como un golpe mediático que coincidió con una semana particularmente complicada para el Gobierno federal. Aunque el caso representa un avance en una investigación relevante, persisten las exigencias para que la justicia actúe con el mismo rigor en todos los expedientes de corrupción y no únicamente en aquellos que resultan políticamente convenientes. Mientras continúen los señalamientos de impunidad y selectividad, la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia seguirá bajo cuestionamiento.
Porque en México todo el régimen es CORRUPTO, MIENTE Y TRAICIONA a su propia ciudadanía. Llegaron al poder al amparo de la 4arcodelincuencia. ¡Somos Venezuela! ¿Alguien lo duda? Sus becas siguen enduendando al país y los delincuentes acabando con las empresas.
¡Seguimos en manos de los criminales y nada ha cambiado!
