Luego de que hace dos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a la criminalización del aborto, las carpetas de investigación iniciadas a nivel nacional por esta práctica mantienen el mismo nivel que otros años.
Además, en los congresos estatales hay pocos o nulos avances para tratar de armonizar sus legislaciones locales con el histórico fallo del máximo tribunal.
Estadísticas oficiales con corte a septiembre indican que desde enero se han iniciado 547 carpetas de investigación por aborto, un número similar al que se registró en años recientes completos, como 2015 (544 indagatorias), 2016 (562) y 2017 (547)
Incluso en 2018 y 2019 se iniciaron más, con 604 y 717 causas penales por aborto, respectivamente. Para 2020, el primer año de la pandemia, la cifra fue de 633, casi dos al día en promedio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
Además, tan sólo en el mismo mes que tuvo lugar la determinación de la SCJN, en México se iniciaron 67 indagatorias por abortos, poco más de dos diarias.
El 7 de septiembre, en un fallo histórico y unánime, los 11 ministros de la Corte protegieron el derecho de las mujeres o personas gestantes que de manera libre decidan interrumpir su embarazo.
El criterio invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, aunque tendrá alcance nacional ya que, a partir del fallo, todos los jueces del país deben aplicarlos al tratarse de una impugnación vía acción de inconstitucionalidad: su resolución tendrá efectos generales al haber superado la mayoría de los ocho votos.
