AGENCIA
Nacional.– La red carretera del país atraviesa una de sus peores crisis en materia de seguridad y operatividad. Asaltos violentos, desapariciones de operadores y bloqueos masivos han colocado al sector transportista y productivo al borde del colapso, con pérdidas económicas millonarias y una creciente sensación de abandono por parte de las autoridades.
En promedio, se registran cerca de 29 robos diarios a transportistas en México, concentrados principalmente en entidades como Estado de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Tan solo en 2024, se contabilizaron más de 24 mil asaltos en carreteras, muchos de ellos con violencia extrema, lo que evidencia la magnitud del problema.
La situación se agrava con el reciente paro nacional de transportistas y agricultores, que este 6 de abril de 2026 paralizó importantes vías en Veracruz. Entre los puntos más afectados destacan la autopista Córdoba–Veracruz, a la altura de Rancho Trejo; la autopista Puebla–Veracruz, con bloqueos en distintos tramos; y la carretera federal 180 Tuxpan–Tampico, en la zona de Potrero del Llano, en Álamo Temapache.
Estas movilizaciones no son aisladas. Responden a una crisis profunda: transportistas denuncian robos, asesinatos, extorsiones y agresiones constantes por parte de la delincuencia organizada, mientras que el sector agrícola exige precios justos, insumos más accesibles y la restitución de apoyos eliminados, además de rechazar nuevas políticas como la Ley de Aguas.
Las pérdidas económicas por estos bloqueos ya alcanzan cifras alarmantes. Organismos empresariales vinculados a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estiman afectaciones de hasta 900 millones de pesos, derivadas de interrupciones en el suministro de mercancías, incremento en costos logísticos y daños a pequeñas y medianas empresas.
En Veracruz, la situación es especialmente crítica. Tramos como las Cumbres de Maltrata y la vía La Tinaja–Córdoba–Cosamaloapan se han consolidado como zonas de alto riesgo, no solo por la delincuencia, sino por condiciones geográficas adversas como neblina, curvas cerradas y maniobras peligrosas en puntos como Acultzingo. A nivel nacional, otras rutas como la México–Querétaro, la México–Puebla–Veracruz y el llamado “arco de la muerte” en el Estado de México figuran entre las más peligrosas.
El modus operandi de los grupos criminales es cada vez más sofisticado: utilizan falsos retenes, ponchallantas, bloqueos intencionales y simulación de fallas mecánicas para obligar a detener a las unidades de carga. Los ataques ocurren con mayor frecuencia entre las 5:00 y las 9:00 horas, especialmente al inicio de la semana.
La violencia ha escalado a niveles alarmantes. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas reportó que en febrero fueron asesinados seis choferes y desaparecieron otros cuatro, mientras que en lo que va de 2026 se tiene registro de al menos 17 a 18 conductores desaparecidos, principalmente en enero. Los focos rojos coinciden con los estados más afectados por la delincuencia: Estado de México, Puebla, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí.
El impacto económico es devastador. Las pérdidas anuales por robos carreteros ascienden a cerca de 70 mil millones de pesos, afectando no solo a las empresas de transporte, sino a toda la cadena de suministro nacional.
Ante este panorama, la falta de diálogo con las autoridades ha sido señalada como uno de los principales detonantes de las movilizaciones. Transportistas y campesinos buscan forzar mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación, luego de que intentos previos no lograran acuerdos concretos.
La crisis ha alcanzado un punto crítico. Mientras la inseguridad sigue dejando una estela de violencia y muerte en las carreteras, los bloqueos reflejan la desesperación de sectores productivos que aseguran haber llegado al límite. La pregunta que queda en el aire es si estas acciones lograrán finalmente obligar a las autoridades a atender un problema que, hasta ahora, parece rebasarlas.
Ya no es negocio trabajar en carretera. Entre los asaltos diarios, el riesgo de que te maten y el precio del diésel por las nubes, los transportistas estamos completamente abandonados. Pagamos casetas caras, combustible caro y todavía tenemos que enfrentar a la delincuencia sin protección. ¿Dónde están las autoridades mientras desaparecen choferes y se pierden millones?
Esto ya se salió de control. Bloqueos, inseguridad, gasolina carísima y pérdidas millonarias… y el gobierno sin dar soluciones. Los productos suben de precio porque todo el sistema está colapsando, pero nadie quiere reconocerlo. Al final, el que paga todo es el ciudadano mientras las carreteras siguen siendo territorio del crimen.
