De redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.- En Córdoba, Veracruz, el manejo de la basura se ha convertido en un negocio silencioso pero millonario. A pocos meses de que concluya la administración municipal encabezada por Juan Martínez, los expedientes de contratación revelan una historia de adjudicaciones directas, arrendamientos costosos y un gasto público que crece muy por encima del valor real de los camiones recolectores.
El 16 de enero de 2024, fecha que se repite con insistencia en los documentos oficiales, el Ayuntamiento firmó cinco contratos simultáneos bajo la figura jurídica de adjudicación directa por excepción de ley. Ese día, sin pasar por proceso de licitación, se acordó el arrendamiento de 13 camiones compactadores con la empresa Transportes Mortera, por un monto que asciende a 22.46 millones de pesos.
El contrato incluye un pago inicial y once mensualidades que, sumadas, elevan considerablemente el costo del servicio.
Pero Mortera no fue la única beneficiada. De manera paralela, el municipio entregó contratos a Ly Corp, Financiera Sobre Ruedas y Rafael Heredia Fuentes para el traslado de residuos al relleno sanitario. Cada uno contempla un monto máximo cercano a 14 millones de pesos, lo que abre la puerta a un gasto potencial de 56 millones adicionales. Solo en 2024, el presupuesto destinado a la recolección y disposición de basura podría alcanzar los 92 millones de pesos.
¿Renta o negocio redondo?
El modelo de arrendamiento utilizado encendió las alertas entre especialistas y actores locales. En el papel, el esquema se justifica como una solución rápida ante la urgencia de renovar unidades. En la práctica, sin embargo, los números no cuadran: un camión nuevo no rebasa los 3.5 millones de pesos, pero el municipio termina pagando el equivalente a dos o incluso tres veces su valor a lo largo del contrato.
En experiencias similares documentadas en otros municipios, la renta acumulada por tres o cuatro años supera ampliamente el precio de adquisición, y al final del periodo la empresa arrendadora conserva los vehículos. Es un modelo donde el Ayuntamiento paga más, recibe menos y no se queda con activos propios. La clave está en la figura utilizada: adjudicación directa por excepción de ley. Esta rendija legal permite contratar sin competencia ni comparación de precios.
En teoría, aplica para emergencias o situaciones de riesgo. En la práctica, abre un camino expedito para beneficiar a proveedores específicos.
