Agencias
Ciudad de México – Casi la mitad de los cartuchos de calibre .50 de alta potencia incautados a los cárteles mexicanos desde 2012 provienen de la fábrica Lake City Army Ammunition Plant, ubicada en las afueras de Kansas City, Misuri, propiedad del gobierno estadounidense, informó el secretario de Defensa de México, general Ricardo Trevilla Trejo. Desde 2012, las autoridades mexicanas han decomisado alrededor de 137.000 cartuchos de este calibre, de los cuales el 47 por ciento provienen de Lake City y se vendían legalmente en armerías del sur de Estados Unidos.
El hallazgo surge a raíz de una investigación conjunta de The New York Times y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que documenta cómo la munición de Lake City, utilizada incluso en tiroteos masivos en Estados Unidos, se ha convertido en un arma de uso cotidiano para los cárteles. Desde octubre de 2024, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, se han incautado 18.000 armas de fuego, de las cuales casi el 80 por ciento proceden de Estados Unidos, incluyendo fusiles Barrett calibre .50, lanzagranadas, lanzacohetes y ametralladoras.
Aunque México tiene estrictas regulaciones sobre la compra de armas, que limitan su venta a tiendas gestionadas por el ejército, el mercado estadounidense permite que contratistas privados vendan munición militar a distribuidores y minoristas, facilitando su acceso a grupos criminales. Expertos como Cecilia Farfán Méndez señalan que esta disponibilidad actúa como un “subsidio a la violencia” de los cárteles, quienes han utilizado estas armas para atacar civiles, fuerzas policiales y militares, incluso derribando helicópteros y asesinando funcionarios.
El gobierno mexicano ha buscado cooperación de Washington para frenar el flujo de armas y municiones, comparándolo con la presión ejercida por Estados Unidos para detener el tráfico de fentanilo. Sin embargo, los esfuerzos han sido limitados: la Corte Suprema estadounidense desestimó una demanda de México contra fabricantes de armas, reconociendo que las ventas ilegales a traficantes sí ocurren, pero sin responsabilizar directamente a los fabricantes por ellas. La administración actual ha implementado iniciativas conjuntas para incrementar inspecciones y compartir información fronteriza, aunque funcionarios como Omar García Harfuch han advertido que “si los cárteles tuvieran más dificultades para acceder a este tipo de armas, la lucha sería muy diferente”.
