De la redacción
El Buen Tono
Un juez del tribunal federal del distrito sur de Nueva York hizo pública este sábado una nueva acusación contra Nicolás Maduro que amplía la presentada en 2020 y lo vuelve a señalar como presunto líder de una red de crimen organizado que, durante más de dos décadas, habría utilizado estructuras del Estado venezolano para introducir grandes cantidades de droga en Estados Unidos.
La llamada “imputación sustitutiva” añade nuevos cargos y amplía el número de acusados a seis, incluyendo por primera vez a su esposa, Cilia Flores, y a uno de sus hijos. En el documento judicial también se mantiene imputado el ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, quien ya figuraba en la causa original.
De acuerdo con la acusación desellada, los cargos incluyen cuatro imputaciones relacionadas con narcoterrorismo, conspiración para introducir drogas en territorio estadounidense y delitos vinculados con armas y artefactos destructivos, los mismos que ya estaban contemplados en el expediente abierto en marzo de 2020 tras una investigación de la agencia antidrogas de Estados Unidos.
Con estas acusaciones aún vigentes, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó en septiembre de 2025 a Maduro como “fugitivo de la justicia estadounidense”. En ese contexto, el gobierno de Estados Unidos elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.
El escrito judicial sostiene que, bajo el liderazgo de Maduro, esta estructura de crimen organizado no solo buscó beneficios económicos y consolidación política, sino también utilizar el tráfico de drogas como un instrumento contra Estados Unidos. Además, describe al gobierno venezolano como un poder ilegítimo, recordando que su reelección en 2018 fue ampliamente cuestionada y que los comicios de 2024 también generaron fuertes críticas internacionales.
Según estimaciones citadas por los fiscales, hacia 2020 entre 200 y 250 toneladas de droga transitaban anualmente por territorio venezolano con destino a Estados Unidos, utilizando rutas aéreas y marítimas presuntamente protegidas por autoridades estatales y documentos oficiales.
La causa sigue bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein, quien lleva el caso desde su apertura inicial en 2020. El sistema judicial estadounidense ha procesado en el pasado a exmandatarios latinoamericanos en circunstancias similares, sentando precedentes relevantes.
Los cargos que enfrenta Nicolás Maduro contemplan penas potencialmente muy elevadas, especialmente aquellos relacionados con narcoterrorismo y delitos con armas, que combinados podrían derivar en largas condenas de prisión.
