AGENCIA
Xalapa, Ver.- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó formalmente al Congreso de Veracruz el inicio del procedimiento de declaración de procedencia, conocido como desafuero, en contra del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, señalado como presunto autor intelectual del secuestro y homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
La petición fue recibida por el Poder Legislativo y busca retirar la inmunidad constitucional del edil, militante de Movimiento Ciudadano, para que pueda ser presentado ante la autoridad judicial y responda por los delitos que le imputa el Ministerio Público.
De acuerdo con la carpeta de investigación, la agresión contra la comunicadora habría sido motivada porque presuntamente poseía material fotográfico en el que aparecía el alcalde portando un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
La Fiscalía sostiene que cuenta con testimonios y otros elementos de prueba que presuntamente vinculan al presidente municipal con integrantes de un grupo de la delincuencia organizada que opera en el sur del estado, a quienes, según las investigaciones, habría solicitado la privación de la libertad y el asesinato de la periodista.
Roxana Berenice Guzmán fue privada de la libertad en su domicilio, en el municipio de Nanchital. Días después, sus restos fueron localizados en un predio de la región, hecho que generó una fuerte condena por parte del gremio periodístico y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
La solicitud de desafuero fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso local. Posteriormente deberá ser analizada por la Comisión Instructora, que determinará si existen elementos legales para continuar con el procedimiento.
En caso de que el Congreso apruebe el desafuero, Raúl González Martínez perdería la protección constitucional que le otorga el cargo y podría quedar a disposición de las autoridades para enfrentar el proceso penal correspondiente.
Familiares de la periodista solicitaron que el caso no sea utilizado con fines políticos y exigieron que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias, tanto contra los presuntos autores materiales como contra quien resulte responsable de ordenar el crimen.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la solicitud presentada por la Fiscalía ni sobre la situación jurídica que enfrenta el alcalde.
