Agencias
Ciudad de México.- La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra una presunta red de contrabando de combustible, encabezada por el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, incluye 90 datos de prueba para sostener las acusaciones por delincuencia organizada y huachicol fiscal, pero hasta ahora el expediente no señala a ningún funcionario público en activo como presunto responsable de facilitar las operaciones.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-COAH/0000651/2025, la FGR integró reportes periciales, análisis financieros, dictámenes aduanales y documentos técnicos para solicitar órdenes de aprehensión contra 25 personas relacionadas con el presunto esquema criminal.
La investigación señala que la organización habría utilizado infraestructura ferroviaria para ingresar ilegalmente a México más de 18 millones de litros de combustible a través de las aduanas de Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas, provenientes de empresas ubicadas en Texas, Estados Unidos.
Según el expediente, los combustibles habrían sido declarados con documentación falsa, incluso como otros productos, para evadir controles. La FGR documentó que 163 carrotanques ingresaron con volúmenes hasta diez veces mayores a los reportados oficialmente.
Aduanas, Sener y sistema financiero bajo revisión
Aunque la investigación menciona irregularidades en procesos aduaneros, permisos energéticos y movimientos financieros, no incluye como imputados a servidores públicos de las dependencias involucradas.
El expediente señala la participación de dos agentes aduanales, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Víctor José Carretero Zardeneta, pero la Fiscalía los identifica como particulares, no como empleados de la autoridad aduanera.
Funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y de la Secretaría de Energía (Sener) aparecen únicamente como autoridades que proporcionaron informes o documentación para la investigación.
Uno de los puntos señalados por la FGR es que la empresa Ingemar habría utilizado permisos de importación otorgados por la Sener para introducir hasta mil 766 millones de litros de combustible, pese a que su autorización contemplaba solamente 173 millones de litros.
Millonarias operaciones financieras
La investigación también documenta movimientos financieros relacionados con al menos 11 empresas, utilizadas presuntamente para simular operaciones comerciales y lavar recursos.
De acuerdo con el expediente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó mil 492 operaciones bancarias relacionadas con la red, incluyendo transferencias nacionales e internacionales hacia países como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Alemania.
La FGR señala operaciones simuladas por más de 9 mil 400 millones de pesos, además de depósitos por aproximadamente mil 926 millones de pesos a una empresa que contaba con un solo trabajador registrado.
Sin embargo, pese al volumen de recursos detectados, el expediente no identifica a funcionarios del sistema financiero o fiscalización acusados de haber omitido alertas o permitido las operaciones.
La investigación incluyó búsquedas en internet
Entre las 90 pruebas presentadas por la Fiscalía también se incluyen elementos obtenidos mediante fuentes abiertas, como búsquedas en internet, notas periodísticas y redes sociales.
Estos datos fueron utilizados para confirmar la existencia de empresas, antecedentes públicos y vínculos entre algunos de los señalados.
La FGR también documentó vigilancias realizadas por autoridades federales en domicilios relacionados con los acusados en estados como Ciudad de México, Baja California, Hidalgo y Querétaro, aunque en algunos casos no lograron ubicar a los principales implicados.
Ruffo Appel fue vinculado a proceso
Tras una audiencia de más de 24 horas, una jueza federal determinó vincular a proceso a Ernesto Ruffo Appel y otros implicados por delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La defensa y los acusados deberán enfrentar ahora el desarrollo de la investigación complementaria, mientras la FGR continúa integrando elementos sobre la presunta red de huachicol fiscal.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la operación del esquema, debido a que la propia investigación expone fallas de supervisión en áreas aduaneras, energéticas y financieras, pero sin señalar hasta el momento a funcionarios públicos como responsables.
