Adriana Estrada
El Buen Tono
Nogales.- La Delegación Regional de Catastro, con sede en Orizaba, desmintió las recientes acusaciones públicas del alcalde, Libni Zuriel de la Cruz Cruz, en relación con la existencia de un fraude que afectaría a más de 130 familias de El Encinar.
Autoridades estatales descartaron que existe sustento para dicha afirmación.
Personal de la dependencia explicó que cualquier movimiento catastral, ya sea bajas, altas o modificaciones, se registran, validan y supervisan por la Dirección General de Catastro en Xalapa, dentro de un sistema de control que imposibilita un fraude de la magnitud denunciada por el funcionario.
Negaron que haya un hecho de corrupción como lo afirmó el edil, ya que todas las familias cuentan con el sustento jurídico legal de sus predios, pues los trámites los completaron tras una amplia cadena de validación que incluye la delegación regional, la Coordinación Estatal, la Dirección General, el aval notarial, hasta que finalmente llegaron al Registro Público de la Propiedad, trámite que se concluyó.
Los servidores públicos aclararon que Catastro es una instancia estatal, y que los ayuntamientos sólo participan mediante convenios de colaboración para el cobro del impuesto predial, sin facultad para alterar o desaparecer registros catastrales.
Con respecto a las propiedades de El Encinar, precisaron que se integraron Programa Operativo Anual número 6, destinado a conservar y actualizar el padrón, con reportes mensuales que cada municipio debe entregar y que son supervisados por el estado.
“Si un movimiento tiene errores, se devuelve para la corrección. Nada se puede filtrar fuera del sistema. Aquí todo es legal”, manifestaron.
Consideraron que la declaración del alcalde mancha injustamente a la dependencia estatal, y a notarios, sin ninguna base técnica o legal, cuando el tema es materia catastral y el ayuntamiento está imposibilitado para acusar de fraude.
Agregaron que el tema podría tratarse de un error en los registros internos del ayuntamiento de Nogales y no un fraude cometido por Catastro o por los ciudadanos, como lo afirmó De la Cruz Cruz.
Reiteraron que la información oficial del estado es la que tiene validez jurídica, y que cualquier discrepancia en los registros municipales debe resolverse por la vía administrativa, no mediante acusaciones públicas infundadas.
Robo
Como se recordará, habitantes de El Encinar denunciaron que la administración del alcalde, Libni Zuriel de la Cruz Cruz, intentó obligarlos a pagar hasta 8 mil pesos por persona para “regularizar” escrituras que son legales.
Aseguraron sus predios están debidamente escriturados ante notarías y anotadas en el Registro Público de la Propiedad.
