SANDRA GONZÁLEZ
EL BUEN TONO
Orizaba.- En los hechos, hubo personas que se quedaron fuera porque no contaban con los 500 pesos que costaba la inscripción y, de acuerdo con representantes del sector, tampoco se contemplaron cortesías o descuentos para facilitar su participación. La denuncia fue planteada por Isabel Oyuki Zárate, presidenta del Consejo Ciudadano Estatal de Personas con Discapacidad y presidenta de la asociación civil Ser Sin Límites, quien cuestionó que una actividad presentada como inclusiva terminó convirtiéndose en una posibilidad restringida para quienes tienen capacidad económica para pagarla.
“No todos los discapacitados pudieron participar”, expuso, al señalar que existen madres solteras que además tienen hijos con discapacidad, y otras en circunstancias diferentes pues recordó que muchos de ellos no tienen empleo, por lo que carecen de recursos suficientes para cubrir una inscripción de 500 pesos, “ellos prefieren destinar ese dinero para comer”. El reclamo, aclaró, no parte de pedir que se les regale la participación. Lo que se cuestiona es la falta de un incentivo que permitiera incorporar a quienes enfrentan mayores dificultades económicas: cortesías, descuentos o algún mecanismo de acceso que hiciera efectiva la inclusión que se promociona.
Porque una cosa es colocar la palabra “inclusiva” en una convocatoria, abrir una categoría para personas con discapacidad y utilizarlas como parte de la imagen de un evento; otra muy distinta es garantizar que quienes forman parte de ese sector tengan realmente la posibilidad de participar. Incluso para quienes sabían que sus posibilidades de obtener un premio eran mínimas, participar tenía otro significado. Era el deseo de competir, de convivir, de demostrar que una discapacidad no limita las ganas de formar parte de una actividad pública. Y ese impulso, señaló Zárate, fue lo que se les terminó arrebatando a quienes no pudieron cubrir el costo.
La situación adquiere mayor relevancia frente a lo que establece la Ley Número 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz, cuyo objetivo es garantizar el goce pleno de los derechos de este sector en condiciones de igualdad y promover su inclusión social. Entre sus principios contempla expresamente la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad.
La propia legislación establece que su aplicación corresponde, entre otras autoridades, a los ayuntamientos.
Por ello, el debate no termina en los 500 pesos. La discusión es qué entiende una administración municipal por inclusión. Zárate también puso sobre la mesa problemas que van mucho más allá de una carrera: la falta de empleo digno, salarios justos y las barreras del entorno que todavía enfrentan las personas con discapacidad para desarrollarse plenamente.
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