Adriana Estrada
El Buen Tono
Orizaba.- En un claro acto de desacato a una orden judicial, el Ayuntamiento de Orizaba mantiene activa la maquinaria pesada en el humedal El Chirimoyo, ignorando la suspensión provisional dictada por el Juzgado Decimosexto de Distrito en el estado de Veracruz. Mientras ciudadanos y defensores ambientales han luchado por la protección del ecosistema, las autoridades municipales parecen decididas a consumar lo que los activistas califican como un agravio ecológico a espaldas de la ley.
Fue este viernes 6 de marzo cuando el juzgado federal, dando curso al expediente 177/2026, ordenó la paralización inmediata de cualquier intervención con maquinaria pesada en la zona. La resolución deriva de un juicio de amparo promovido por habitantes y la “Comunidad Chirimoyo”, que busca frenar las afectaciones al ecosistema mientras se analiza el fondo del caso. La medida cautelar también exige al municipio presentar los permisos, estudios de impacto ambiental y planes de trabajo que justifiquen las obras, documentos cuya existencia es puesta en duda por los quejosos.
Sin embargo, la orden del juez federal fue recibida con sordera institucional por parte del gobierno municipal. De acuerdo con testimonios de los propios defensores del humedal, las excavadoras y el personal contratado por el Ayuntamiento no solo permanecen en el sitio, sino que incluso han intensificado los trabajos en los últimos días, en una aparente carrera contra reloj para imponer un hecho consumado antes de que la justicia pueda actuar.
“Es indignante. Tenemos ya una resolución clara que protege el humedal, pero el ayuntamiento actúa como si estuviera por encima de los jueces federales. No solo violan el medio ambiente, violan el Estado de derecho”, señalaron voceros de la comunidad defensora.
El humedal El Chirimoyo, ubicado en plena mancha urbana de Orizaba, no es un terreno baldío cualquiera; es un espacio clave para la regulación del agua pluvial y un refugio de biodiversidad. Su destrucción o modificación, advierten especialistas, podría tener consecuencias irreversibles en el equilibrio hídrico de la zona.
Mientras el proceso judicial sigue su curso para determinar si la suspensión se vuelve definitiva —para lo cual se tiene programada una audiencia en los próximos días—, en el terreno la realidad es otra, pues el ruido de la maquinaria ahoga cualquier intento de diálogo y convierte la resolución judicial en una hoja de papel sin valor.
La pregunta que queda en el aire es si el Poder Judicial federal tomará medidas para hacer cumplir su mandato o si, como ha ocurrido en otros casos, el desacato quedará impune, permitiendo que la maquinaria avance y destruya lo que durante varios meses los voluntarios han intentado cuidar en la laguna del Chirimoyo, donde la vida de diversas especies había sido protegida.
