AGENCIA
Tuxtla Gutiérrez, Chis.- A un año del inicio de la actual administración estatal, la estrategia de seguridad implementada en Chiapas no ha logrado contener la violencia en las regiones fronterizas con Guatemala. Por el contrario, se ha registrado un aumento de desapariciones forzadas, desplazamiento interno y transfronterizo de familias, así como la persistencia de grupos armados, lo que configura un escenario más grave que el presentado en los discursos oficiales sobre una supuesta “paz recuperada”.
Así lo advierte el informe preliminar Chiapas 2025: la paz pendiente, elaborado por un grupo de organizaciones civiles entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Movilizaciones Libres y Elegidas A.C., Voces Mesoamericanas y Sipaz.
El documento recuerda que el 8 de diciembre de 2024 asumió funciones un nuevo gobierno estatal, el cual anunció una “nueva” estrategia de seguridad para enfrentar la violencia derivada de la disputa territorial entre grupos de delincuencia organizada. Durante 2025, esta política fue acompañada por una intensa campaña de comunicación que destacó operativos de alto impacto y una disminución parcial de algunos delitos.
Sin embargo, las organizaciones señalan que la estrategia se ha orientado más a una lógica de pacificación basada en el control social y el uso de la fuerza, que a una política integral de construcción de paz con enfoque en derechos humanos.
Militarización y operativos de alto impacto
Uno de los ejes centrales de la estrategia fue la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), un cuerpo de élite conformado por 500 elementos con formación militar. A lo largo de 2025, la FRIP participó en diversos operativos contra presuntos integrantes de grupos criminales.
El informe destaca el operativo del 8 de junio de 2025 en La Mesilla, Huehuetenango, Guatemala, donde fue abatido Baldemar Calderón Carrillo, identificado como fundador y financiador del llamado Cártel Chiapas y Guatemala. De acuerdo con reportes periodísticos, en la acción habrían participado elementos armados que ingresaron desde territorio mexicano.
Para las organizaciones, este hecho evidenció la creciente militarización de la frontera sur, con riesgos de tensiones diplomáticas y una mayor vulnerabilidad para la población civil. Además, documentaron que la actuación de cuerpos de seguridad ha alterado la dinámica comunitaria y ha incrementado los casos de privación arbitraria de la libertad.
Desplazamiento forzado persistente
El informe subraya que entre 2023 y 2024 más de 8 mil personas fueron desplazadas de sus comunidades, principalmente en municipios fronterizos. Aunque una parte retornó a inicios de 2025, lo hizo sin garantías reales de seguridad.
Al menos 200 personas originarias de Chicomuselo y Frontera Comalapa continúan desplazadas en ciudades como Comitán de Domínguez, Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez. Muchas viven un desplazamiento intermitente, alternando retornos parciales con nuevas salidas forzadas ante amenazas constantes y la presencia de actores armados.
Un episodio emblemático ocurrió el 8 de agosto de 2025, cuando el asesinato del comisariado ejidal Rudy Aguilar Lucas y de Manuel Aguilar Lucas, en la comunidad El Sabinalito, Frontera Comalapa, provocó la huida de más de 100 personas hacia Guatemala, confirmando que el desplazamiento transfronterizo sigue siendo una estrategia de supervivencia.
Desapariciones forzadas, el foco de alerta
Aunque las cifras oficiales reportan una reducción de homicidios en algunas zonas, el informe advierte que el incremento de desapariciones forzadas es uno de los indicadores más alarmantes. Durante 2025 se contabilizaron al menos 29 personas desaparecidas en municipios fronterizos, principalmente en Frontera Comalapa y La Concordia.
Las organizaciones alertan que estas cifras podrían ser mayores debido al subregistro provocado por el miedo y la desconfianza hacia las autoridades. A ello se suma el hallazgo, a finales de 2024 e inicios de 2025, de 25 fosas clandestinas en La Concordia y Palenque, con al menos 31 cuerpos, sin información pública suficiente sobre su identificación forense.
Una paz sin resultados visibles
Pese a los anuncios gubernamentales sobre programas de “paz” y “reconciliación”, el informe sostiene que no existen evidencias claras de su implementación territorial ni de mecanismos de evaluación. En contraste, se documentaron nuevos desplazamientos, restricciones a la movilidad y denuncias de abusos de autoridad, como cateos sin orden judicial y detenciones arbitrarias.
Operativos contra presuntos líderes criminales derivaron en bloqueos, quema de vehículos y el cierre de vías estratégicas, como la carretera Tuxtla–Tapachula y accesos al aeropuerto Ángel Albino Corzo, sin resultados proporcionales en la desarticulación de estructuras criminales.
Las organizaciones concluyen que la narrativa de una “paz recuperada” no se sostiene frente a la evidencia recopilada. El aumento de desapariciones, la continuidad del desplazamiento forzado y el control territorial de grupos armados reflejan una violencia estructural que sigue sin ser atendida de fondo.
El informe completo Chiapas 2025: la paz pendiente será publicado en febrero de 2026, con el objetivo de visibilizar a las víctimas y aportar elementos para una política pública que coloque en el centro la memoria, la verdad y la dignidad de las comunidades afectadas.
