AGENCIAS
Ciudad de México.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al Estado mexicano para responder a la petición presentada por 65 jueces y magistrados, quienes acusan que la reforma judicial aprobada en 2024 vulneró derechos humanos, afectó la independencia del Poder Judicial y provocó el cese arbitrario de impartidores de justicia.
El colectivo Artículo 41, integrado por juzgadores que impugnan la reforma, informó que la CIDH notificó el inicio del procedimiento y otorgó al gobierno de México un plazo de cuatro meses para presentar sus observaciones. De prosperar el caso, advirtieron, el organismo internacional podría emitir una declaración de responsabilidad contra el Estado mexicano por presuntas violaciones a la independencia judicial y a los derechos laborales de los juzgadores.
En la petición se argumenta que, tras la aprobación de la reforma, las autoridades impulsaron medidas para impedir que los tribunales revisaran su constitucionalidad, entre ellas la reforma de inimpugnabilidad, el desacato a suspensiones judiciales, la persecución administrativa y penal de jueces y la concentración de juicios de amparo en juzgados específicos de Jalisco.
Los promoventes sostienen que estas acciones bloquearon los mecanismos internos de control constitucional, por lo que consideran procedente la intervención del sistema interamericano de derechos humanos para analizar el caso.
