Sandra González
El Buen Tono
Orizaba, Ver.– A 25 meses del derrumbe registrado el 30 de enero de 2024, cinco familias continúan sin poder ingresar a su vivienda y aseguran haber sido prácticamente despojadas de su patrimonio tras la ampliación del estacionamiento de la línea ADO, obra que —afirmaron— fue avalada por el Ayuntamiento durante la administración de Juan Manuel Diez Francos.
Mirna, una de las afectadas, sostuvo que el colapso en la entrada del complejo y las múltiples cuarteaduras en los inmuebles obligaron al desalojo inmediato. Desde entonces, ninguna de las familias ha podido regresar, ni siquiera para recuperar documentos, muebles o enseres que permanecen dentro tal como quedaron aquel día.
“Nos siguen poniendo trabas; dicen que no pueden abrir el único acceso porque existe un riesgo inminente de que se caiga una pared. No nos dan una respuesta favorable; prácticamente nos secuestraron nuestro inmueble”, denunció.
El impacto financiero ha sido devastador. Una de las familias paga 8 mil pesos mensuales de renta; dos más, 5 mil pesos; otra, 6 mil; y la última, 4 mil 500 pesos. En conjunto, durante 24 meses han desembolsado 684 mil pesos únicamente en arrendamiento, sin contar el último mes y los que le siguen. A ello se suman honorarios legales, gastos de traslado, pérdida de ingresos por la renta de dos locales comerciales y la compra emergente de enseres domésticos de segunda mano.
“Es un gasto inminente y ya no contamos con los recursos para seguir solventándolo. Es un desgaste no sólo económico, también psicológico, estar luchando contra una empresa tan grande”, expresó Mirna.
La afectada señaló que el Ayuntamiento otorgó los permisos y permitió que la obra continuara pese a tener conocimiento de los daños. “El Ayuntamiento, en ese entonces encabezado por Juan Manuel Diez Francos, avaló la obra. Tenemos entendido por la denuncia penal que ellos dieron los permisos para que la empresa contratada por ADO hiciera todo el daño a nuestra propiedad. Incluso vino una representante del departamento de licencias, vio lo que estaban haciendo y no suspendieron la obra; no hubo multa”.
Aunque en su momento Protección Civil municipal acudió al sitio, aseguraron que fue por gestión propia, ya que la empresa no activó su brigada correspondiente y mucho menos les proporcionó una ambulancia para prestarles los primeros auxilios. A inicios de 2026, nuevos elementos de Protección Civil intentaron intervenir, pero tampoco pudieron ingresar. “La empresa dice que no hay manera de acceder porque existe el riesgo de que se caiga; que es peor abrir que mantener cerrado”.
De acuerdo con las familias, los trabajos realizados por debajo del inmueble han provocado que la estructura del complejo —donde habitaban cinco familias— se esté “partiendo en dos”, con riesgo de colapso.
Algunos residentes llevaban más de 50 años viviendo en el lugar. Hoy enfrentan no sólo la pérdida patrimonial, sino también consecuencias en la salud: cuadros severos de ansiedad y, en el caso de un adulto mayor, una embolia tras el colapso de una de las zonas afectadas.
El único acceso fue cerrado tras la conclusión de la obra. En los hechos, las familias no pueden entrar ni siquiera para rescatar documentos personales. El inmueble permanece en un limbo jurídico y físico, mientras la obra del estacionamiento opera con normalidad.
La ampliación se ejecutó; el patrimonio de cinco familias quedó atrapado detrás de un muro clausurado.
La cifra:
684 mil pesos en rentas pagadas por las cinco familias en sólo 24 meses; a esta cantidad se deben sumar febrero y los meses subsecuentes.
La frase:
“Prácticamente nos secuestraron nuestro inmueble”.
El dato destacado:
Algunos habitantes tenían más de 50 años viviendo en el complejo, hoy en riesgo de colapso y sin acceso a su propio patrimonio.
