Según las investigaciones, los ataques dejaron “la pérdida de la vida de una víctima por disparo de arma de fuego, lesiones a otros más, el corte de energía eléctrica en ese municipio, la irrupción de elementos de la Policía Federal en el domicilio de una de las víctimas, y en las oficinas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, donde fueron detenidas arbitrariamente diversas personas, entre ellos una persona menor de edad, y uno de los detenidos fue objeto de actos de tortura”.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Comisión, policías estatales, federales, granaderos y militares, en diferentes momentos y lugares lesionaron y detuvieron ilegalmente a un grupo de personas, hechos que derivaron en la muerte de una de las víctimas.
Particulares y Organizaciones de la Sociedad Civil (ONG) presentaron, entre el 6 y 8 de junio de 2015, diversas quejas, por correo electrónico y vía telefónica, para denunciar los hechos.
