AGENCIA
Puebla.- El aseguramiento de un cargamento de armas oculto en una camioneta procedente de Veracruz volvió a exhibir una realidad que autoridades federales conocen desde hace años: El estado veracruzano se mantiene como uno de los principales corredores utilizados para el tráfico ilegal de armamento en México.
El decomiso fue confirmado por el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, quien reveló que el operativo ocurrió meses atrás cuando fuerzas estatales detectaron armas escondidas entre mercancía transportada en un vehículo de carga.
Aunque las autoridades evitaron precisar el tipo y cantidad exacta del arsenal asegurado, el caso encendió nuevamente las alertas sobre las rutas clandestinas utilizadas por grupos criminales para mover armamento de alto poder desde Estados Unidos hacia el sur y sureste del país.
“El mercado negro existe porque no cualquiera puede obtener permisos”, declaró el funcionario poblano al reconocer la expansión del tráfico ilegal y las limitaciones institucionales para contenerlo.
Las declaraciones coinciden con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregados al Congreso de la Unión, donde Veracruz aparece identificado como punto estratégico dentro de las rutas nacionales del tráfico de armas.
Uno de los corredores detectados inicia en Brownsville, Texas, cruza por Matamoros y desciende por el Golfo de México hasta Chiapas. En esa ruta aparecen ciudades y puertos clave como Tampico, Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos.
Otra vía señalada conecta McAllen con Reynosa y posteriormente atraviesa Ciudad Victoria, Ciudad Valles, Pachuca y Puebla, hasta alcanzar Oaxaca.
Las investigaciones federales también ubican conexiones con ciudades estadounidenses como San Diego, El Paso, Phoenix, Tucson y Yuma, consideradas puntos de salida de armamento ilegal hacia territorio mexicano.
Las cifras oficiales reflejan la dimensión del problema.
Entre 2016 y 2025, la Fiscalía General de la República acumuló 1,943 investigaciones por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos únicamente en Veracruz.
El crecimiento fue constante después de 2016, cuando se reportaron apenas 64 expedientes federales. Para 2019, la cifra se disparó a 261 investigaciones.
En 2020 se iniciaron 255 carpetas; en 2021 fueron 202; en 2022 aumentaron a 235; y durante 2023 se contabilizaron 224 casos relacionados con armas y explosivos.
Aunque en 2024 hubo una ligera disminución con 166 expedientes, en 2025 el número volvió a incrementarse hasta alcanzar 202 investigaciones federales.
A nivel nacional, la FGR suma más de 54 mil investigaciones relacionadas con tráfico y posesión ilegal de armas y explosivos durante el mismo periodo.
El caso también evidencia las fallas persistentes en vigilancia carretera, control aduanal y supervisión de vehículos de carga que cruzan distintas regiones del país.
En Puebla, las autoridades reconocieron que parte importante del armamento decomisado ingresa oculto en tráileres y camionetas provenientes de otros estados, particularmente desde Veracruz.
La situación se agrava en regiones bajo disputa criminal.
Apenas en abril pasado, fuerzas federales aseguraron una ametralladora, un lanzagranadas, fusiles M4 y granadas calibre 40 milímetros en la zona conocida como Triángulo Rojo, área controlada por grupos delictivos ligados a “Los Tepeaca” y al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Mientras las cifras aumentan y las rutas permanecen activas, los decomisos reflejan sólo una parte mínima del flujo real de armamento ilegal que circula por carreteras mexicanas y que continúa fortaleciendo la capacidad operativa de grupos criminales en distintas regiones del país.
