De la redacción
El Buen Tono
Por primera vez en el Estado de Coahuila, una mujer identificada como Esthela “N” fue vinculada a proceso por el delito de violencia vicaria, tras una audiencia que se prolongó por casi seis horas. La resolución fue emitida por un juez de control, quien determinó que existen pruebas suficientes para iniciar un proceso penal en su contra por presuntos actos cometidos contra su expareja, Johnny Robles, y sus hijos.
Durante la audiencia, el juez otorgó un plazo de dos meses para el desarrollo de las investigaciones complementarias, periodo en el que se profundizará en las acusaciones de violencia física y psicológica dentro del núcleo familiar. La defensa de Esthela “N” anunció que buscará impugnar la vinculación a proceso, al considerar que existen elementos dentro de la carpeta de investigación que contradicen la teoría presentada por la Fiscalía.
A pesar de la resolución en el ámbito penal, la mujer mantiene la guarda y custodia de sus hijos por determinación de un juez de lo familiar. De acuerdo con su abogada, esta situación no puede ser modificada por el juez penal, ya que carece de facultades legales para intervenir en ese aspecto. No obstante, la defensa de Johnny Robles señaló que analizará las vías legales necesarias para restablecer la convivencia entre el padre y los menores.
La denuncia presentada por Robles sostiene que existió una negativa reiterada para permitir el contacto entre él y sus hijos, así como conductas orientadas a romper el vínculo paterno-filial. Estas acciones llevaron a la Fiscalía del estado a clasificar el caso como violencia vicaria, una forma de violencia de género en la que el daño se ejerce a través de los hijos con el objetivo de provocar sufrimiento psicológico a la víctima.
La violencia vicaria contempla conductas como amenazas, intimidación, condicionamiento de obligaciones alimentarias, puesta en peligro de los menores, afectaciones físicas o psicológicas, traslados sin consentimiento, así como la obstrucción reiterada de la convivencia familiar sin orden judicial. Estos criterios están establecidos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y han servido como referencia para investigaciones en otras entidades.
En caso de ser encontrada culpable, Esthela “N” podría enfrentar penas que van de seis meses hasta seis años de prisión, conforme a lo establecido en el Código Penal de Coahuila para el delito de violencia familiar, además de posibles restricciones en el régimen de visitas y la pérdida de derechos respecto de las víctimas.
