AGENCIA
San Francisco, Nayarit.- El complejo inmobiliario Punta Paraíso, ubicado en terrenos ganados al mar en la localidad de San Pancho, comenzó a colapsar tras los daños provocados por el huracán Rachel y las tormentas recientes, mientras permanece vigente una resolución judicial que ordena demoler dos de sus torres por irregularidades ambientales.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudió al lugar para coordinar con Protección Civil las medidas de emergencia y reducir los riesgos para la población y el entorno costero.
Las dos torres ubicadas frente al mar presentan los daños más graves, mientras que un tercer módulo conserva mejores condiciones estructurales. El complejo ya había sido desalojado y clausurado ante el riesgo de desplome.
El deterioro de las edificaciones ocurre en medio de un litigio que se prolongó durante años. El 7 de octubre de 2026, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó por unanimidad un amparo promovido por la empresa Pacific Lifestyle Properties, con lo que se mantuvo la orden de demoler las torres 1 y 2.
La resolución también establece la restitución de mil 466.008 metros cuadrados ocupados irregularmente, el pago de una multa de 96 mil 220 pesos y la pérdida de las edificaciones en beneficio de la Nación.
El conflicto se remonta a una concesión otorgada en 2009 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para mantener una superficie de zona federal marítimo-terrestre en estado natural. Aunque el título fue modificado en 2014, la Profepa determinó que la empresa ocupó terrenos y construyó obras sin contar con las autorizaciones correspondientes.
En mayo de 2025, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la resolución ambiental. Posteriormente, la empresa buscó mantener las construcciones mediante un juicio de amparo, que finalmente le fue negado.
Ante el riesgo estructural, la Profepa informó que acompañará los protocolos de emergencia definidos por las autoridades y procurará que las intervenciones prioricen la protección de la vida, la salud y la integridad de las personas, con el menor impacto ambiental posible.
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