De la Redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.- La ausencia ilegal de un Programa Municipal de Residuos y el desacato a la Ley 847 de Veracruz sepultan al municipio bajo la basura y la opacidad, beneficiando una red de contratos millonarios de transporte y disposición final en rellenos privados remotos.
Una investigación basada en decenas de dictámenes y contratos oficiales de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) revela que el ayuntamiento de Córdoba opera bajo un colapso normativo e institucional absoluto en materia ecológica.
Lo anterior se traduce en una negligencia y un esquema de gasto millonario que sangra el erario municipal por más de $86.3 millones de pesos anuales entregados a contratistas privados para el traslado y confinamiento de los desechos urbanos.
El núcleo de la omisión está en el desmantelamiento intencional del andamiaje institucional: las propias respuestas oficiales admiten que “ya no existe la Dirección de Medio Ambiente”. La política ecológica fue degradada a una jefatura sin capacidad operativa, presupuesto autónomo ni facultad sancionadora. Esta simulación administrativa viola de manera directa el Artículo 115 constitucional y la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz, que obligan a mantener estructuras específicas para garantizar sustentabilidad y servicios públicos esenciales.
La Jefatura de Protección Ambiental se deslindó de las bitácoras y supervisiones del Centro de Transferencia, señalando que esa información corresponde a la Jefatura de Limpia Pública y que no está a su alcance por no ser área operativa.
El ayuntamiento carece de un programa vigente de gestión de residuos y el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN) está obsoleto. Además, reconoció oficialmente que no existen mesas de trabajo, comités vecinales ni consejos ambientales, eliminando toda participación ciudadana exigida por la ley.
Regidores se han escudado en la burocracia para evadir su papel fiscalizador. Documentos de la Regiduría Tercera y Novena muestran un deslinde sistemático. Sin políticas de separación, reciclaje ni infraestructura propia conforme a la NOM-083, Córdoba depende de contratistas privados. Los datos financieros revelan $86,322,653.20 pesos comprometidos para cubrir la incapacidad ecológica, incluyendo un contrato abierto de hasta $20,829,916.60 pesos con Procesadora de Residuos Veracruzanos para disposición final en Medellín de Bravo.
Materiales Oconit recibió hasta $20,829,916.60 pesos para confinar basura en Nogales; Transportes Mortera obtuvo hasta $20,000,000.00 por arrendamiento de camiones compactadores; y la Red de Transferencia Carretera sumó $22,500,000.00 en contratos espejo otorgados a Elm Transportes, Jesús Antonio Suazo Arzaba y Miguel Ángel Bonilla Gómez, únicamente para trasladar residuos hacia rellenos privados.
Se pagan $2,162,820.00 pesos por retroexcavadoras arrendadas a Financiera sobre Ruedas, Cuenta a la Inversa y Grupo Hera de las Altas Montañas para operar improvisadamente el Centro de Transferencia. La basura cordobesa se dispersa en direcciones opuestas —Oconit en las Altas Montañas y Procesadora de Residuos en la Costa Central— debido a la ausencia de una planta local de tratamiento legalmente planificada.
