AGENCIA
Nacional.- Cientos de colectivos, buscadoras y activistas de todo el país alzaron la voz este martes para rechazar la iniciativa de reforma a la Ley General en materia de desaparición de personas presentada por el Ejecutivo Federal, al considerar que no atiende la crisis actual y representa un intento por imponer un sistema de vigilancia masiva que, aseguran, no sirve para localizar a sus familiares desaparecidos.
En un comunicado conjunto, más de 170 familias de víctimas y 50 organizaciones solidarias expresaron su preocupación por la propuesta y exigieron al Congreso de la Unión convocar a un Parlamento Abierto, donde se discuta con transparencia, participación real y sin prisas una reforma que, recordaron, debe construirse con empatía, técnica y responsabilidad.
“La iniciativa no parte de una consulta amplia y pública, y su contenido ignora la gravedad de la problemática que enfrentamos. Si el Congreso aprueba esta reforma sin escuchar a las víctimas, se concretará una simulación que solo prolongará la impunidad y el sufrimiento de las familias”, denunciaron.
Los colectivos señalaron que la reforma impulsada por la Secretaría de Gobernación (Segob) propone medidas como la creación de una Plataforma Única de Identidad y el acceso del INE a sus bases de datos por parte de las fiscalías, lo cual consideran peligroso para la seguridad de la población en general.
“Las familias no necesitamos más vigilancia, necesitamos búsqueda efectiva, identificación forense y justicia”, subrayaron.
Además, cuestionaron que la propuesta haya sido presentada como producto de un consenso, ya que aunque la Segob sostiene que fue elaborada con participación de 450 colectivos, sólo 276 (61%) la respaldan. En este sentido, recordaron que la Ley General de 2017 fue producto de un esfuerzo conjunto entre víctimas, sociedad civil y legisladores, y advirtieron que el proceso actual carece de legitimidad.
También hicieron un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a observar con responsabilidad el proceso de reforma, subrayando que sus aportes técnicos y su visión política pueden ser clave para evitar una regresión en los derechos de las víctimas.
Finalmente, reiteraron su disposición para participar en un diálogo real, y advirtieron: “Los errores del gobierno los pagan las víctimas. No más simulación”.
