Córdoba, Ver.— Habitantes de diversas colonias de Córdoba denunciaron haber sido amenazados, intimidados y hostigados por intereses ligados a concesionarios del transporte, a quienes acusan de actuar “como criminales” para imponer un aumento ilegal al pasaje y silenciar a quienes se oponen a estos abusos. Los señalamientos fueron dirigidos directamente contra Mario Olvera y Juan Tress, a quienes los manifestantes responsabilizan de estas prácticas.
La protesta se llevó a cabo frente a las oficinas de Transporte Público del Estado y fue encabezada por Yolitza Celestino, representante del movimiento Antorcha Campesina, quien señaló que las familias más vulnerables no pueden tolerar un incremento arbitrario al pasaje, sobre todo cuando las unidades siguen en mal estado y el servicio continúa siendo deficiente.
De acuerdo con los inconformes, el pasaje pasó de 9 pesos a 12 y hasta 13 pesos, sin autorización oficial y sin ninguna mejora para los usuarios.Celestino rechazó el argumento de los concesionarios de que el aumento se debe al encarecimiento del combustible y a los costos de operación.
“Eso no es responsabilidad de la gente. La gente no tiene la culpa de que el combustible no haya bajado como lo prometieron en su momento. La gente no tiene la culpa de que no haya empleos bien pagados”, expresó.
Además del alza, denunciaron que los operadores están obligando a los usuarios a pagar la tarifa impuesta, bajo la amenaza de bajarlos de las unidades.
“Cuando nosotros damos los nueve pesos o los diez que venían cobrando, lo que hacen es que nos bajemos. Nos dicen que no nos pueden subir si no pagamos la cantidad que ellos establecieron”, relató.
Señaló que incluso están utilizando métodos engañosos para normalizar el abuso, como rifas o supuestos beneficios.
Durante la manifestación, los pobladores afirmaron que, tras alzar la voz, comenzaron a recibir amenazas, calumnias y ataques mediáticos, los cuales atribuyen a intereses vinculados a Mario Olvera y Juan Tress.
De acuerdo con su testimonio, estas agresiones estarían siendo ejecutadas a través de terceros, entre ellos Carlos Vergara, a quien identifican como el encargado de manipular información, difundir pasquines y desacreditar la protesta.
Los inconformes exigieron a Transporte Público del Estado una intervención inmediata, revisiones reales a las unidades, sanciones contra las líneas que incumplen la ley y la suspensión total de los aumentos arbitrarios.
Finalmente, reiteraron que su movimiento no es político ni de confrontación, sino una lucha legítima por un transporte seguro, digno y accesible, y advirtieron que no permitirán que las amenazas ni la desinformación los obliguen a rendirse.
