AGENCIA
Nacional.- Las compañías de telefonía móvil en México comenzaron a aplicar restricciones a líneas de prepago aun cuando el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil sigue vigente y su plazo oficial concluye hasta finales de junio. La medida ha generado inconformidad entre usuarios, quienes reportan fallas para realizar recargas, llamadas y uso de datos, pese a contar con saldo activo y no haber incumplido formalmente con la normativa.
De acuerdo con testimonios de trabajadores de Centros de Atención a Clientes, los operadores han comenzado a implementar acciones anticipadas para forzar a los usuarios a completar el proceso de vinculación de su número con una identidad. Entre estas prácticas se encuentran mensajes de advertencia, bloqueos parciales del servicio e incluso suspensiones temporales sin previo aviso, a pesar de que el calendario oficial aún concede varios meses para cumplir con el registro.
Esta actuación ha sido interpretada como una estrategia de presión ante el lento avance del padrón. De acuerdo con datos del sector, apenas 2.1 millones de líneas han sido registradas de un total aproximado de 158 millones activas en el país. El impacto potencial es considerable, ya que más del 80 por ciento de las líneas móviles corresponden al esquema de prepago, es decir, más de 131 millones de usuarios que dependen de recargas constantes para mantenerse comunicados.
La situación resulta especialmente delicada para sectores de bajos ingresos, que dependen del teléfono móvil como principal medio de comunicación y acceso a servicios digitales. La interrupción del servicio, aun de manera parcial, representa una afectación directa a su vida cotidiana, laboral y familiar.
Aunque públicamente algunas empresas han intentado deslindarse de responsabilidades, las contradicciones persisten. AT&T, por ejemplo, afirmó que las líneas activadas antes de la entrada en vigor del registro seguirán operando con normalidad durante el plazo establecido, aunque reconoció que desde enero las nuevas líneas deben completar el proceso para poder funcionar. Sin embargo, en la práctica, usuarios reportan restricciones incluso en números antiguos.
El desfase entre lo que establece la normativa y lo que aplican las compañías ha generado confusión, molestia y desconfianza. Mientras la autoridad no emita una postura clara ni sancione los abusos, las empresas parecen actuar con discrecionalidad, trasladando la presión a los usuarios en lugar de ajustarse al marco legal vigente.
El caso exhibe, una vez más, la falta de supervisión efectiva sobre las grandes telefónicas y deja en evidencia que, pese a los discursos de protección al consumidor, son los usuarios quienes terminan pagando los costos de decisiones administrativas mal implementadas.
