- Uno de los proveedores no contaba con el registro vigente en el padrón del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) para fiscalizar la Cuenta Pública 2025
Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- En los últimos dias, el Ayuntamiento de Córdoba ha emprendido una serie de contrataciones millonarias de servicios profesionales que, en conjunto, superan los 7 millones de pesos. Estas adjudicaciones directas, amparadas en excepciones de ley, abarcan desde la auditoría técnica de la obra pública hasta la asesoría legal interna, generando serias interrogantes sobre su transparencia, legalidad y el posible blindaje de la administración saliente, encabezada por el alcalde Juan Martínez Flores y la síndica única municipal, Vania López González.
La síndica López González, quien tiene bajo su responsabilidad el área jurídica del municipio y que será la próxima regidora, aparece como firmante en todos estos instrumentos. Esta dualidad de roles, ejerciendo como máxima autoridad de control interno mientras simultáneamente avala contratos y se proyecta en un puesto dentro del siguiente cabildo, levanta cuestionamientos sobre conflictos de interés y la autonomía de la fiscalización.
SIN REGISTRO ANTE EL ORFIS
El contrato más polémico, es la “Auditoría Técnica a la Obra Pública” adjudicada directamente a la arquitecta Selene Colorado Domínguez por un monto total de 2 millones 120 mil pesos. La irregularidad más grave aquí es de carácter formal y legal: en su propia declaración dentro del contrato, la prestadora admite que al momento de firmar el documento millonario, el 17 de julio de 2025, no contaba con el registro vigente en el padrón del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) para fiscalizar la Cuenta Pública 2025.
El contrato señala que esta situación debe regularizarse mediante un adendum posterior, lo que implica que se celebró un acuerdo con una persona que, en ese instante, carecía de la habilitación legal requerida para realizar el trabajo por el que se le pagaría. Además, el contrato establece una fianza que solo cubre el primer pago del 50%, dejando desprotegido al municipio en el desembolso restante, y somete los plazos y la evaluación final al arbitrio del ORFIS, diluyendo la responsabilidad directa de la auditora.
