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¡Con más de 3 millones en efectivo! Detienen a operador político de MORENA

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A solo unas horas de que se abran las urnas el 1º de junio, Veracruz se ve envuelto en una serie de escándalos políticos que salpican a MORENA y al PRI en medio del proceso electoral.

La madrugada de este viernes fue detenido Juan Carlos Torres Ramírez, Director de API Sistema Portuario Veracruzano y presunto operador político de MORENA, tras ser sorprendido con 3 millones 496 mil pesos en efectivo. La detención ocurrió cuando el funcionario viajaba a bordo de una camioneta Nissan Frontier blanca en la congregación local, poco después de haber utilizado el avión del municipio de Atzalan, un detalle que ha levantado aún más sospechas.

Durante la inspección, las autoridades encontraron 1,792 billetes de 500 pesos y 2,600 billetes de 1,000 pesos, todos sin documentación que justificara su procedencia legal. El dinero fue asegurado, y tanto el efectivo como el detenido están siendo puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Torres Ramírez ha sido señalado por su cercanía con la gobernadora Rocío Nahle, una figura clave dentro del partido guinda, el cual hasta el momento no ha emitido ninguna postura oficial sobre el caso.

Pero los escándalos no terminan ahí…

Por otro lado, el candidato del PRI a la alcaldía de Miahuatlán, Adelfo Solano, fue denunciado públicamente por ciudadanos que lo acusan de haber estafado a varias personas con falsas promesas de plazas de intendencia en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

Según una carta enviada a un medio local, varios afectados entregaron hasta $37 mil pesos cada uno al candidato, quien aseguraba tener “conectes” dentro del gobierno para facilitarles el trabajo. Meses después, los involucrados no recibieron la plaza, ni tampoco el dinero de vuelta. Al intentar contactar nuevamente al priista, Solano habría dado evasivas y finalmente colgado la llamada, dejando a los ciudadanos sin respuestas ni soluciones.

Las denuncias ya fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, aunque las víctimas señalan que la falta de pruebas físicas ha complicado el proceso legal.

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