AGENCIA
Bangladesh.- Sheikh Hasina, ex primera ministra de Bangladesh y una de las figuras políticas más influyentes del sur de Asia, fue condenada a muerte este lunes tras ser declarada culpable de crímenes de lesa humanidad por la violenta represión de las protestas estudiantiles del año pasado, que finalmente provocaron la caída de su Gobierno.
El veredicto fue emitido por un panel de tres jueces del Tribunal Internacional de Crímenes, el órgano nacional encargado de juzgar crímenes de guerra en Bangladesh. Los magistrados concluyeron que Hasina fue responsable de incitar a cientos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad durante el estallido social. La sentencia desató aplausos entre los familiares de las víctimas presentes en la sala.
Según el tribunal, quedó demostrado que la ex mandataria incitó directamente a activistas de su partido y dio órdenes para reprimir violentamente a los estudiantes que encabezaban las manifestaciones. Los jueces afirmaron que Hasina incluso expresó instrucciones explícitas para “matar y eliminar” a los jóvenes protestantes y que no tomó medidas para frenar los abusos cometidos por las fuerzas del orden.
Lo que inició como protestas pacíficas contra las cuotas de empleo en la administración pública derivó en un movimiento nacional para exigir la renuncia de la primera ministra. La represión oficial escaló hasta niveles sin precedentes: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó que hasta 1,400 personas podrían haber muerto y cerca de 25,000 habrían resultado heridas.
Hasina, quien permanece en un exilio autoimpuesto en la India desde su derrocamiento en agosto de 2024, no asistió a la audiencia. En un comunicado difundido por la Liga Awami, su partido político, rechazó el fallo, calificando al tribunal de parcial, politizado y carente de legitimidad democrática. Aseguró además que su historial de gobierno en derechos humanos ha sido tergiversado y negó todos los cargos.
La ex primera ministra enfrentó cinco acusaciones relacionadas con incitar asesinatos, ordenar ejecuciones y autorizar el uso de armas letales, drones y helicópteros para sofocar las protestas. Su defensa ya presentó una apelación ante un relator especial de la ONU, denunciando violaciones al debido proceso y falta de garantías judiciales.
La condena llega en un momento de alta tensión política. Analistas advierten que el veredicto podría desencadenar nuevas olas de violencia de cara a las elecciones nacionales previstas para febrero del próximo año. La semana pasada, el hijo de Hasina advirtió que los simpatizantes de la Liga Awami impedirían la celebración de los comicios si no se levantaba la prohibición que pesa sobre el partido.
La tensión también se reflejó en las calles. Antes del veredicto, decenas de manifestantes se congregaron frente a la residencia en ruinas de Sheikh Mujibur Rahman, padre de Hasina, ondeando consignas contra la dinastía familiar y prendiendo fuego en la vía pública. La policía y el ejército respondieron con golpes y formación de cordones de seguridad. En Dacca, explosiones de cócteles molotov lanzados desde motocicletas avivaron el ambiente de inestabilidad, obligando al despliegue de fuerzas especiales y vehículos blindados.
El Gobierno interino de Bangladesh ha solicitado formalmente la extradición de Hasina, pero hasta ahora la India no ha emitido una postura. La trayectoria de la ex primera ministra -marcada por tragedias familiares, exilios y largos periodos de poder- vuelve a colocarse en el centro del debate nacional, mientras el país enfrenta un incierto escenario político rumbo a 2026.
