AGENCIA
El Salvador.- Al menos 248 integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) fueron condenados en El Salvador a penas que alcanzan hasta mil 335 años de prisión, por su responsabilidad en 43 homicidios y la desaparición de 42 personas, informó la Fiscalía General de la República. Aunque la legislación salvadoreña establece un máximo de 60 años de cárcel, las autoridades calificaron las sentencias como ejemplares.
Los hechos por los que fueron sentenciados ocurrieron entre 2014 y 2022 en la provincia de La Libertad, donde los pandilleros participaron en una amplia red de delitos que incluyó asesinatos, entre ellos el de un universitario y un futbolista, así como extorsiones a comerciantes, invasión de viviendas y tráfico de drogas.
De acuerdo con la Fiscalía, además de la pena máxima de mil 335 años impuesta a uno de los cabecillas, otros líderes y miembros recibieron condenas que van de los 958 a los 463 años de prisión. Hasta el momento, no se han detallado públicamente los procesos judiciales ni las fechas exactas en que se dictaron las sentencias.
Las condenas forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele desde 2022, cuando declaró la guerra frontal contra las pandillas tras una ola de violencia que dejó 62 homicidios en un solo día. En ese contexto, la MS-13 fue catalogada como organización terrorista por Estados Unidos.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como Socorro Jurídico Humanitario y el Movimiento Víctimas del Régimen El Salvador han cuestionado estas sentencias, al considerarlas parte de una estrategia propagandística del gobierno. Señalan que el estado de excepción ha derivado en cientos de denuncias por abusos, detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos.
De acuerdo con estos colectivos, desde el inicio del estado de excepción han muerto al menos 470 personas bajo custodia del Estado. Además, más de 90 mil personas han sido detenidas, de las cuales alrededor de 8 mil han sido liberadas tras comprobarse su inocencia, mientras miles de casos continúan en revisión.
Pese a las críticas, el gobierno de Bukele sostiene que la estrategia ha reducido de manera drástica la violencia en el país. En septiembre de 2025, el mandatario celebró haber alcanzado mil días sin homicidios y mantiene niveles de aprobación cercanos al 90 por ciento.
No obstante, su administración también enfrenta señalamientos por la construcción y operación del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), así como por su reelección presidencial, considerada inconstitucional por diversos sectores. Ante estas críticas, Bukele fue tajante al declarar en junio de 2025 que le tiene sin cuidado que lo llamen dictador.
