De la Redacción
El Buen Tono
ORIZABA.- Ante la falta de atención de las autoridades educativas locales para resolver los problemas en la Delegación Regional de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) con sede en Orizaba, un grupo de trabajadores de confianza decidió interponer una denuncia formal ante las oficinas centrales en Xalapa, al considerar que la omisión vulnera sus derechos laborales y humanos.
Recordaron que ante la ausencia del delegado Ángel Huerta Anzures, familiar de Zenyazen Escobar, la delegación enfrenta problemas, desde falta de sanitarios porque permanecen cerrados, hasta trámites “atorados”, y aunque han manifestado su molestia no son escuchados.
Los afectados señala que por más de dos semanas las autoridades no han resuelto la situación, por lo que optaron por llevar el caso a la capital del estado mediante un escrito para el delegado regional y el coordinador de delegaciones.
Denunciaron que la situación que viven dentro de la delegación no solo contraviene disposiciones constitucionales de la Ley Federal del Trabajo y normas oficiales de salubridad, sino que también genera un trato discriminatorio entre el personal.
En este sentido, dijeron, que los sindicalizados reciben permisos especiales para ausentarse ante la falta de baños, sin embargo, el personal de confianza debe permanecer en sus áreas sin alternativas, viéndose forzado a buscar sanitarios fuera del inmueble o soportar jornadas completas sin acceso a servicios básicos.
“La falta de servicio sanitario no es un privilegio sindical, es una condición mínima de dignidad humana y laboral que se nos está negando”, expuso un trabajador.
Destacan que la situación se ha agravado por un vacío administrativo, ya que el delegado Ángel Huerta se encuentra separado del cargo debido a un proceso judicial, mientras que el encargado de despacho no ha autorizado reparaciones ni medidas emergentes, y ante ese panorama, los trabajadores decidieron enviar una denuncia directa a Xalapa solicitando la intervención inmediata de autoridades estatales y federales.
En el pliego petitorio exigen la restauración del servicio de baños en un plazo máximo de 48 horas, permisos retribuidos igualitarios para todo el personal afectado y una inspección de riesgos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o Protección Civil.
