No acababa de acomodarse aún en la emblemática silla que, en el palacio de gobierno de Chilpancingo, heredó del (aún) impune Ángel Aguirre Rivero cuando, en los más diversos ámbitos, se cuestionaban ya las supuestas buenas notas que le convirtieron en la mejor opción para suplir al cuestionado exgobernador y, también, el cómo y el porqué se eligió a un hombre como él, contrario al sistema y al partido del jefe del Ejecutivo, para encabezar el rescate de Guerrero por parte del gobierno federal.
En las 48 últimas horas, efectivamente, más de uno se ha preguntado de dónde surge Rogelio Ortega Martínez que tras fracasar (hasta) en tres ocasiones en su intento por alcanzar la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) logra ahora, merced al apoyo del perredismo local y nacional, de Los Chuchos en particular —y del gobierno del presidente Peña Nieto, sin duda alguna— asumir como gobernador interino de la convulsa entidad e, igualmente, cómo es que pudo alcanzar tal posición dados sus reales o supuestos vínculos con la guerrilla colombiana y con el secuestro.
Ahí, en apoyo de lo anterior, está el reiterado señalamiento del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal ( CCSPJP) que, desde marzo de 2009, recurrió a las autoridades para, apoyado en la revelación del contenido de documentos hallados por el Ejército colombiano en las computadoras de Raúl Reyes —exnúmero dos entonces de las FARC— tras la toma del campamento que la guerrilla mantenía en Sucumbíos, Ecuador, dejar sentado que el referido Ortega Martínez mantenía relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que, en algún momento, había solicitado a las mismas un empréstito por 40 mil dólares, a cambio de entregar 100 mil (en cuanto se concrete) “el pago del rescate de una persona a la que habían secuestrado”.
Hoy, la versión difundida por el presidente del CCSPJP, José Antonio Ortega Sánchez, no ha sido desmentida por autoridad competente ni, tampoco, desestimada la demanda que contra del también exmiembro de la dirigencia nacional de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) fundada por el exguerrillero Genaro Vázquez Rojas, fue promovida por aquél.
A la luz de tales hechos es que se acrecientan las dudas sobre el porqué es que una personalidad tan poco transparente como la del nuevo gobernador interino es catapultada hasta los niveles en que hoy se encuentra y, obvio, se multiplican también las versiones que pretenden dar respuesta a la interrogante, siendo aquella que refiere que, colocado ante la disyuntiva de elegir ¡entre algún representante o aliado del crimen organizado, de los Guerreros Unidos, en particular, y de la guerrilla que, en los lamentables hechos de Iguala, Guerrero, se disputan el protagónico…”, el gobierno prefirió a los segundos y no a los primeros, presuntos responsables del crimen de media docena de jóvenes y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa de los que, aún ahora, nada se sabe…!
Dejemos que el paso del tiempo y la información hagan su tarea…
