AGENCIA
Ciudad de México.- La Cooperativa Pascual, reconocida por productos como Boing y Lulú, encendió las alertas tras solicitar apoyo al Congreso de la Unión ante el impacto que podría generar el nuevo aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas, una medida que, aseguran, amenaza la supervivencia de una de las pocas empresas mexicanas operadas por trabajadores.
Directivos de la cooperativa recordaron que en 2014, cuando entró en vigor el primer IEPS a refrescos, las ventas de sus productos se desplomaron hasta en un 50 por ciento, golpe del que aún no logran recuperarse completamente. Ahora, con el incremento previsto para 2026, advierten un escenario todavía más complicado.
El caso ha abierto nuevamente el debate sobre si las políticas fiscales realmente combaten problemas de salud pública o terminan castigando de igual manera a pequeñas empresas nacionales y a corporativos multimillonarios que dominan el mercado refresquero.
La Cooperativa Pascual surgió en los años 80 luego de una histórica lucha laboral, cuando trabajadores tomaron control de la empresa tras conflictos sindicales y la transformaron en una cooperativa administrada por sus propios empleados. Actualmente apenas controla cerca del 2 por ciento del mercado nacional, mientras gigantes internacionales concentran el resto del negocio.
A diferencia de grandes refresqueras que utilizan jarabe de alta fructosa, más barato y en muchos casos importado, Pascual sostiene que sus bebidas son elaboradas con azúcar de caña mexicana y fruta natural, lo que incrementa sus costos de producción y reduce su margen para absorber nuevos impuestos.
La cooperativa pidió un trato fiscal diferenciado para empresas sociales que utilizan insumos nacionales y generan empleos formales, argumentando que el actual esquema termina beneficiando indirectamente a grandes corporativos con mayor capacidad financiera para trasladar el costo al consumidor sin poner en riesgo su operación.
Mientras el Gobierno federal defiende el aumento del IEPS como una estrategia para combatir obesidad y diabetes, especialistas y sectores productivos cuestionan que el peso de la recaudación recaiga nuevamente sobre consumidores y pequeñas empresas, sin garantizar resultados reales en materia de salud pública.
El caso de Pascual también exhibe las dificultades que enfrentan las cooperativas mexicanas para competir en un mercado dominado por grandes consorcios internacionales, donde las decisiones fiscales pueden terminar afectando más a proyectos nacionales que a las empresas que concentran la mayor parte de las ganancias.
