AGENCIA
Nacional.- La economía mexicana enfrenta una realidad cada vez más crítica: la extorsión se ha convertido en un factor que desata una especie de terrorismo financiero y que impone un costo fijo a miles de empresas en todo el país. Este delito desplaza negocios completos, inhibe la inversión y paraliza comunidades enteras, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana.
La Coparmex señaló que la extorsión ya condiciona el futuro económico nacional, al frenar el desarrollo y limitar el crecimiento general. De acuerdo con el organismo, la cifra negra alcanza 97 por ciento (%), lo que significa que solo tres de cada 100 casos llegan ante el Ministerio Público, mientras que la enorme mayoría queda en la impunidad por miedo o desconfianza en las autoridades.
Datos oficiales indican que cada día 31.3 personas reportan haber sido víctimas, y tan solo durante 2024 las pérdidas económicas rebasaron los 21 mil millones de pesos. Estas cifras solo contemplan daños reportados por víctimas individuales e incluyen pagos y gastos derivados del delito, sin diferenciar los impactos directos en empresas y comercios.
La Coparmex subrayó que el 12.8% de sus empresas afiliadas ha sido víctima de extorsión, principalmente mediante llamadas telefónicas, que representan 70.5% de los casos. Esta situación, señaló, ya influye directamente en las decisiones de inversión y crecimiento, dado que 49.5% de los socios identifica a la inseguridad como el principal obstáculo para desarrollarse.
El organismo destacó que la reciente aprobación de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión es un avance necesario ante un fenómeno que afecta la seguridad, la productividad y la estabilidad social del país. Sin embargo, advirtió que para que la nueva legislación sea realmente efectiva se requieren tres acciones prioritarias: Garantizar presupuesto suficiente para su implementación, capacitar a policías, fiscalías y jueces, y lograr que los estados homologuen sus leyes para asegurar una operación coherente a nivel nacional.
La confederación recordó que la nueva ley incluye progresos importantes, como el incremento de penalidades que van de 15 a 20 años de prisión, y que pueden alcanzar hasta 30 años en casos agravados. También contempla sanciones más severas para servidores públicos encargados de seguridad, investigación y custodia, quienes enfrentarán castigos hasta en un tercio mayores e inhabilitación si participan en este delito.
La Coparmex llamó a las autoridades a acelerar la aplicación del nuevo marco jurídico, al advertir que la extorsión avanza sin límites y amenaza con seguir deteriorando la actividad económica en México.
Lo peor es que no es mensual, el costo es por viaje y se paga de manera semanal, pero es un pago en San Fernando y otro por cada cruce en la frontera de Matamoros.
Lamentablemente la extorsión llegó para quedarse y extenderse. Los malos no invierten nada, es puro recibir. ¿Cuándo querrán dejar de recibir? Nunca. Y no se soluciona con patrullaje, sino yendo a por ellos. ¡Pero eso no va a pasar porque combatirlos es “ilegal”!
