De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- Aunque el nuevo alcalde prometió orden y transparencia, los estados financieros de enero revelan que su administración no ha movido un solo peso para depurar las cuentas, no ha aclarado el destino de 53 millones en fideicomisos y mantiene sin explicación un almacén con 2.5 millones en materiales. El problema ya no es solo lo que heredó, sino lo que está decidiendo no resolver.
Según el Estado de Cambios en la Situación Financiera del municipio correspondiente a enero de 2026, es literalmente una hoja en blanco: cero reservas, cero rectificaciones, cero movimientos. Pero esa aparente calma contrasta con las notas a los estados financieros, donde se acumulan problemas que la administración de Manuel Alonso Cerezo ha decidido, por ahora, ignorar.
Los 38 millones que nadie cobra y que Manuel Alonso no ha movido
El rubro de “Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes” asciende a 38.1 millones de pesos. De esta cifra, 37.9 millones corresponden a cuentas por cobrar de ejercicios anteriores, muchas de ellas de 2016. Incluyen 4.36 millones por un remanente bursátil, 19.5 millones por aportaciones federales y 14 millones por convenios firmados hace casi una década.
Las notas reconocen que estos saldos “no han sido depurados” y que se están a la espera de un dictamen de la Coordinación Jurídica. Sin embargo, no hay evidencia de que en enero de 2026 la nueva administración haya realizado gestión alguna para recuperarlos o, al menos, para determinar su viabilidad. Mientras tanto, esos recursos siguen en el limbo contable, inflando artificialmente el activo del municipio.
El concepto “derechos a recibir efectivo” significa, en términos simples, que el ayuntamiento tiene registrado que alguien le debe dinero. Pero cuando esas deudas tienen casi diez años y no se han cobrado, lo financieramente prudente sería evaluar una estimación por incobrabilidad. Eso no ha ocurrido.
El desvío de 12 millones de pesos
Uno de los pasivos más graves que enfrenta el municipio es un traspaso por 12.17 millones de pesos realizado en 2010, cuando la administración 2008-2010 transfirió recursos de la cuenta del FISMDF, recursos federales etiquetados para infraestructura social, a la cuenta de Arbitrios, que son ingresos propios del municipio. Ese dinero nunca regresó a su origen.
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) tiene reglas de operación federales que prohíben este tipo de movimientos. Transferir esos recursos a una cuenta de ingresos propios constituye una irregularidad que debió ser subsanada hace más de una década.
El actual ayuntamiento envió el oficio TMCONT/0064/2026 al Congreso del Estado el 28 de enero de 2026, solicitando orientación para depurar la contabilidad. Hasta el cierre del mes, no hubo respuesta. Pero más allá de la falta de respuesta del Congreso, lo que llama la atención es que la administración de Alonso no haya tomado medidas internas para regularizar esta situación mientras espera.
Fideicomisos por 53 millones: el dinero que está en ningún lado
Las notas reportan también 53.3 millones de pesos en fideicomisos, de los cuales 41 millones corresponden al Fideicomiso de Parquímetros y 12.2 millones al Fideicomiso Bursátil por retenciones de participaciones. Ambas cifras aparecen en el activo del municipio, pero no hay información sobre cómo se administran, qué rendimientos generan o a qué se destinan.
Estos recursos deberían servir para garantizar el uso correcto de los recursos. En la práctica, cuando no se reporta su operación, se convierten en cajas negras. La administración de Alonso tiene la obligación de informar a la ciudadanía qué está pasando con esos 53 millones.
Un almacén con 2.5 millones en materiales pero sin control
El inventario de almacenes suma 2.5 millones de pesos en materiales de administración, artículos de construcción, combustibles y herramientas.
En cualquier entidad pública, los almacenes deben operar con sistemas claros de entrada y salida de materiales. La ausencia de esta información en las notas financieras sugiere que, al menos en enero, no hubo una revisión del estado físico de esos bienes ni de su utilidad real.
Una deuda de 42 millones hasta 2036
El municipio arrastra un pasivo de 42.4 millones de pesos derivado de la bursatilización del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, contratada en 2008 con un plazo de 28 años. Este mecanismo financiero consistió en emitir deuda respaldada por ingresos futuros provenientes de participaciones federales. Lo anterior significa que los recursos que hoy llegan a Córdoba ya tienen un destino forzoso: pagar una deuda contratada hace 18 años.
