Efraín Hernández
El Buen Tono
Córdoba, Ver – A más de un mes de haber asumido el poder, la administración municipal de Córdoba 2026-2029, encabezada por Manuel Alonso Cerezo, quedó exhibida por vulnerar un principio constitucional elemental: la presunción de inocencia, al imponer requisitos ilegales y excluyentes en la convocatoria —tardía y restrictiva— para la integración del COPLADEMUN, confirmando un ejercicio de gobierno alejado de la legalidad y de la participación ciudadana.
En el documento oficial se exige a los aspirantes no estar sujetos a proceso penal, no haber sido sentenciados por delito doloso ni contar con asuntos legales en trámite que, a juicio de la autoridad, afecten la imagen institucional, una condición que contradice de manera directa el Artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia firme.
El despropósito va más allá del texto. El cabildo y la Secretaría del Ayuntamiento se colocan como filtros morales y jurídicos por encima del propio Constituyente, cuando el único documento válido para acreditar la situación legal de un ciudadano es la carta de antecedentes penales, trámite que requiere al menos ocho días hábiles para su expedición, frente a un plazo municipal de apenas 24 horas para entregar la documentación.
Este mecanismo no solo es inviable, sino que recuerda prácticas del pasado, cuando la discrecionalidad y el control político se imponían sobre el derecho. Todo indica que en el actual gobierno municipal persiste la idea de que la información sigue administrándose con opacidad, mediante acuerdos internos entre cabildo, secretaría y tesorería, sin contrapesos ni transparencia.
