AGENCIA
Nacional.- Durante los últimos tres años de la gestión de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República (FGR), mientras el discurso oficial prometía austeridad y combate frontal a la corrupción, dentro de la institución operaba un sistema de privilegios millonarios para los funcionarios de alto rango -encabezado por el propio fiscal- que involucra un seguro médico privado con cobertura VIP, costos estratosféricos y alcances dignos de una élite empresarial, no de servidores públicos bajo un régimen de austeridad republicana.
El dato que hoy sale a la luz es escandaloso: Mil 57 millones de pesos costó al erario el seguro de gastos médicos que cubrió a mandos de la FGR con servicios para accidentes derivados de actividades como motociclismo, buceo, equitación, polo, rapel, esquí, regatas, alpinismo, boxeo, artes marciales, o incluso tauromaquia. Un catálogo que difícilmente representa la realidad de las tareas fiscales, pero sí los hobbies de las élites.
¿Por qué conocimos los detalles ahora?
La pregunta clave no es solo cuánto costó ni qué cubría, sino por qué este esquema se mantuvo oculto, operando con normalidad, bajo licitaciones públicas que pasaron sin escándalo, y por qué solo se revela después de la renuncia de Gertz Manero.
La respuesta apunta a un patrón conocido en la política mexicana: La corrupción se vuelve noticia cuando deja de ser útil. Lo tolerable se convierte en denunciable cuando la figura pierde poder, respaldo político o control institucional.
Es decir, lo que fue normal ayer se vuelve condenable hoy, porque ya no hay costo político en exponerlo.
El fiscal general, que ejerció su cargo protegido por una política de discrecionalidad y opacidad, deja la institución y, de inmediato, emergen documentos, cifras y detalles antes invisibles. La pregunta es: ¿Las autoridades desconocían estos contratos o los conocían y los callaron?
**Si lo sabían, hubo complicidad.
**Si no lo sabían, hubo negligencia.
Privilegios blindados en nombre de la “austeridad”
La Ley de Austeridad Republicana eliminó en 2019 los seguros de gastos médicos mayores para servidores públicos. Sin embargo, en la FGR se operó lo contrario: coberturas potenciadas hasta los 20 millones de pesos para el fiscal, siete millones para altos mandos y sumas adicionales para familiares.
El contrato FGR/LPN/CN/SERV/022-11/2022 y las licitaciones LA-49-812-049000975-N-7-2024 y LA-49-830-049000975-N-5-2025 exhiben un gasto progresivo, no restrictivo:
– 350 millones de pesos a MetLife México en 2023
– 328 millones 590 mil pesos en 2024 a Seguros Atlas y Seguros Argos
– 378 millones 600 mil pesos en 2025 a Seguros Atlas, Seguros Argos y Agroasemex
Este esquema no solo contraviene la Ley de Austeridad: contradice los lineamientos internos emitidos por la propia FGR en 2023, donde ordenó limitar seguros privados y restringir gastos operativos.
Gertz firmó por un lado la reducción del derroche y por otro operó un seguro que ampara desde ambulancias aéreas hasta atención en hospitales privados como Médica Sur, Hospital ABC y Ángeles del Pedregal: Instituciones exclusivas de la élite económica nacional.
Un estado dentro del Estado
El seguro contempla a titulares desde los 18 y hasta los 100 años, con servicio 24/7 y atención a cónyuges, ascendientes y descendientes, tratamientos quirúrgicos diversos, VIH/sida, partos, cirugías estéticas reconstructivas y exámenes sin deducibles.
Mientras tanto, miles de mexicanos enfrentan listas de espera en el IMSS e ISSSTE, carencias de medicamentos, saturación hospitalaria y renuncias de especialistas debido a bajos salarios.
La Fiscalía vivía en otro país: Uno donde el servidor público no espera turno, no busca hospital y nunca pisa un sistema público que exige sacrificios a los ciudadanos que lo financian.
¿Por qué importan estas revelaciones?
Porque exponen lo que la austeridad no reformó: El pacto del poder con sus propios privilegios.
Porque evidencia que la FGR -la institución encargada de perseguir la corrupción- operó con lujos que ni siquiera funcionarios del sector salud poseen.
Y sobre todo, porque confirma que la rendición de cuentas en México no depende de la ley, sino de la permanencia en el cargo.
Ahora que Gertz Manero ya no ostenta el poder, su administración se vuelve un expediente revisable.
**No cuando gastaron en su protección de élite.
**No cuando firmaron los contratos.
**No cuando se pagó cada póliza.
**Solo ahora, cuando renunció y ya no puede defenderse desde el aparato estatal.
La corrupción en México tiene un reloj:
Se denuncia solo cuando el beneficiario deja de ser útil, y se oculta mientras sirve al gobierno en turno.
La revelación del seguro VIP de Gertz no muestra un caso aislado: muestra un modelo de impunidad con fecha de caducidad.
¿Ya salieron los trapitos al sol? ¿Ya se acabó su “protección”? Todos hacen eso, ahorita ventilan esa información, porque quieren justificar su despido, cuando fue por meterse con personas de la 4T y todos lo sabemos.
Aunque este es un caso de corrupción y desvío de recursos lamentable, es un distractor. Investiguen el estatus de todas las carpetas abiertas por actos de corrupción de los que aún no se sabe nada (estafa maestra, gobernadores corruptos, Segalmex, huachicol fiscal, por mencionar los más emblemáticos y recientes asuntos).
Por décadas hemos sido un país dilapidado y saqueado por por políticos y servidores públicos de todos los partidos e ideologías políticas, ¡de milagro seguimos de pie!
¡La corrupción y la impunidad: Los dos flagelos de nuestra sociedad!
