Adriana Estrada
El Buen Tono
Orizaba.- La corrupción y el abuso en los trámites vehiculares continúan operando a sus anchas en las oficinas de la Secretaría de Hacienda del Estado, ubicadas frente al cuartel militar de Orizaba, mientras las autoridades administrativas observan sin intervenir, denunciaron ciudadanos afectados.
Desde la madrugada del viernes, decenas de personas hicieron fila, soportando las bajas temperaturas, con la esperanza de obtener un turno para el trámite de placas de vehículos y motocicletas. Sin embargo, su esfuerzo y paciencia se vieron burlados al amanecer, cuando la fila, inicialmente reducida, se triplicó de manera súbita y sospechosa.
La razón de este incremento exprés no fue una llegada masiva de ciudadanos comunes, sino la acción de los llamados “gestores” o “coyotes”, individuos que acaparan lugares para luego revenderlos a hasta ocho personas a un costo de 500 pesos por turno.
“Uno llega desde la madrugada con la ilusión de ser atendido, pero cuando va a abrir la oficina, de la nada aparecen decenas de personas por delante. Son los gestores que traen a sus ‘clientes’. Nosotros, los que hicimos fila de verdad, terminamos relegados, el personal de hacienda sale a decir simplemente que ya no hay turbos”, relató una ciudadana afectada.
Señalaron que lo más grave, es la actitud complaciente y omisa del personal de Hacienda, pues a pesar de que la situación es expuesta por los ciudadanos, los empleados estatales hacen caso omiso y proceden a atender a estos gestores, quienes llegan con pilas de entre seis y ocho expedientes por turno.
Esta práctica no solo representa un lucro ilegítimo a costa de la necesidad ciudadana, sino que obstruye y pervierte el servicio público, normalizando la corrupción en el acceso a un trámite obligatorio, donde los ciudadanos se ven forzados a elegir entre perder jornadas completas de trabajo en vano o ceder al negocio de los revendedores.
La situación, además, pone en evidencia la falla estructural y de supervisión al interior de la dependencia estatal, y la pasividad de las autoridades frente a un esquema tan evidente de acaparamiento y reventa de espacios, generando la percepción de complicidad o, en el mejor de los casos, de una negligencia intolerable.
