Sandra González
EL BUEN TONO
Orizaba.- En el corazón de la ciudad, a unos pasos del parque Castillo, un vehículo oficial volvió a exhibir lo que ciudadanos denuncian como una práctica sistemática: el uso discrecional de espacios públicos sin respetar la ley.
Se trata de una unidad vehicular con número económico 231, mal estacionada sobre la calle Colón esquina Norte 2, sin comprobante de pago de parquímetro y ocupando un sitio regulado, en una zona donde diariamente turistas y habitantes son sancionados con inmovilizadores (los “cangrejos”) por faltas similares.
En redes sociales y medios locales se han multiplicado las quejas contra unidades del ayuntamiento de Orizaba que permanecen en zonas de parquímetro sin pagar o en posiciones indebidas, sin que exista sanción visible.
La constante: la tolerancia institucional frente a vehículos oficiales y la severidad contra el ciudadano común.
El Reglamento de Parquímetros de Orizaba (2012) no deja espacio a interpretaciones: cualquier usuario debe cubrir la cuota correspondiente y exhibir el comprobante.
La omisión implica multas equivalentes a tres días de salario mínimo.
Además, el artículo 18 sanciona el mal estacionamiento o la invasión de espacios, mientras que los artículos 19 y 21 permiten incluso la inmovilización del vehículo tras exceder el tiempo permitido. No existe, en ningún apartado, una exención explícita para ninguna de las unidades oficiales.
A esto se suma el Reglamento de Tránsito municipal, que en su artículo 119 establece sanciones por obstrucción o uso indebido del espacio público.
En teoría, la norma es pareja; en la práctica, no.
La ubicación del vehículo en condiciones irregulares refuerza la percepción ciudadana de un sistema de doble discurso: uno que castiga con rigor a quien no paga minutos extras de estacionamiento, pero que omite actuar cuando se trata de unidades gubernamentales.
Este tipo de conductas no solamente constituyen faltas administrativas, sino que pueden configurar abuso de autoridad, al vulnerar los principios de legalidad e imparcialidad que rigen el servicio público, qie se encuentran establecidos en la Ley Orgánica Municipal.
Pese a la evidencia y las denuncias, no se han reportado sanciones contra funcionarios o dependencias responsables. La omisión institucional termina por legitimar la impunidad y erosionar la confianza en la autoridad.
