De la Redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.- Con el bloqueo de calle, la familia de Jorge Luis y Rosa María exigió celeridad en la investigación que, aseguran, la fiscalía está entorpeciendo de manera deliberada. La abogada Beatriz Ramos Jiménez expuso una serie de irregularidades que pintan un cuadro de desidia institucional.
La indignación y el dolor se reflejan en el rostro de la familia de Jorge Luis y Rosa María, el matrimonio que perdió la vida la madrugada del pasado 18 de septiembre en un brutal choque contra un autobús de transporte público. Hoy, acompañados por su asesora jurídica, se plantaron frente a las autoridades para exigir avance en una investigación que, aseguran, la fiscalía bloquea, como en muchos otros casos. El siniestro no solo arrebató dos vidas, sino que dejó en orfandad a cuatro menores, cuyas condiciones empeoran.
Beatriz Ramos Jiménez, abogada de la familia, expuso irregularidades y relató que, tras el accidente, las autoridades correspondientes, como transporte público, no actuaron de oficio. “Realmente las autoridades no están haciendo lo correspondiente. ¿Por qué? Porque no les duele. No es su familiar ni conocido, como siempre ocurre”, afirmó con contundencia la letrada. Reveló que fue necesario que ella solicitara a la fiscalía un oficio para investigar al vehículo responsable, una diligencia que debió ser automática. “No se giró hasta petición mía”, sentenció. La pesquisa choca contra un muro de opacidad. El autobús involucrado, con número económico 174, circulaba sin placas y sin seguro, situación de alto riesgo que la delegación de transporte público permite. La abogada confrontó a las autoridades: “¿Por qué circula un vehículo sin placas? Eso es corrupción de parte del delegado de transporte público”.
Aunque la dependencia ya identificó al concesionario, David Zucolotto Pitol, esta información fue negada inicialmente a la familia. “La pregunta es por qué la fiscalía niega datos en un caso tan grave”, cuestionó Ramos Jiménez, evidenciando una preocupante falta de transparencia.
