DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
Fórtín.- Gerardo Rosales, el alcalde de Fortín, no solo ha sido incapaz de cumplir con las expectativas mínimas de su cargo, sino que también tiene sangre en las manos.
Una menor de 14 años murió ayer en el DIF municipal, víctima directa de la total ineptitud de su administración. La niña sufrió un broncoaspiración durante una sesión de rehabilitación, un incidente que pudo haberse evitado si no fuera por la negligencia que caracterizan al gobierno local de Rosales.
Este es el segundo deceso registrado por negligencia en su gestión, una gestión que ha demostrado una y otra vez que no tiene la capacidad ni la voluntad para proteger a su gente. El DIF, una institución que debería ser un refugio para los más vulnerables, se ha convertido en un lugar donde la incompetencia y la falta de recursos matan. Los familiares de la niña acusaron al personal del DIF de ser completamente inepto, señalando que carecen de la formación básica para atender situaciones de emergencia.
Los elementos policiacos acordonaron el lugar siguiendo el protocolo de cadena de custodia, pero nada podrá devolverle la vida a esta niña, mientras tanto, la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra la Familia, Niñas, Niños y Trata de Personas ha comenzado una investigación. Sin embargo, ¿es acaso suficiente cuando el alcalde sigue al mando, demostrando una y otra vez que no tiene la capacidad de gobernar?
Rosales y su administración son los responsables directos de esta tragedia.
Lo peor es que no se trata de un incidente aislado, sino del reflejo de una gestión desastrosa y de un gobierno incapaz de garantizar lo más básico: la vida y la seguridad de los ciudadanos.
La primera víctima de la corrupción y negligencia bajo la administración de Gerardo Rosales fue un joven de 18 años que, el pasado 28 de febrero, perdió la vida a manos de un policía municipal.
Durante una revisión de rutina, el oficial disparó y acabó con la vida de un estudiante y deportista que no representaba ninguna amenaza. Hoy, la tragedia se repite con la muerte de una menor de 14 años, evidenciando que la gestión de Rosales no solo es incapaz de garantizar la seguridad, sino que pone en riesgo las vidas de los ciudadanos.
