Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- En Orizaba, la ley parece tener dos caras: una estricta para los ciudadanos comunes y otra permisiva para las unidades oficiales. Mientras a cualquier particular se le hubiera sancionado de inmediato por estacionarse en lugares prohibidos, los vehículos de dependencias municipales circulan y se detienen sin restricción alguna, incluso en zonas señaladas como prohibidas.
Un caso reciente lo evidenció cuando una camioneta del área de mantenimiento permaneció por más de 2 horas en la esquina de la avenida Colón y Sur 2, bloqueando el paso y ocupando un sitio restringido. Durante todo ese tiempo, ningún agente de la Policía Vial se acercó a llamarle la atención o levantar la infracción correspondiente.
Lo que para un ciudadano común sería motivo de multa, arrastre con grúa e incluso de fuertes gastos administrativos, para las autoridades locales se convierte en una práctica tolerada.
Esta falta de congruencia alimenta la percepción de impunidad y privilegios en la aplicación de los reglamentos de tránsito.
Activistas y ciudadanos han insistido constantemente en que la ley debe aplicarse “pareja para todos”, sin importar si se trata de un trabajador del ayuntamiento, un servidor público o un ciudadano. Sólo así, señalan, puede recuperarse la confianza en las instituciones y construirse un sentido real de orden y justicia en la ciudad.
