AGENCIAS
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un proyecto que busca modificar la interpretación de la ley que restringe el acceso de investigadores de universidades privadas a los estímulos económicos del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), una medida establecida durante el sexenio pasado.
La propuesta, elaborada por la ministra Sara Herrerías, plantea que los académicos de instituciones privadas puedan acceder a estos apoyos si cumplen determinadas condiciones, como colaborar de manera sustancial con universidades públicas o desarrollar investigaciones relacionadas con áreas estratégicas y prioridades de interés nacional.
La restricción se encuentra en el artículo 41 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, vigente desde 2023. La disposición ha sido impugnada por cientos de investigadores mediante juicios de amparo y diversos órganos jurisdiccionales federales la han considerado inconstitucional por establecer un trato discriminatorio.
El proyecto de Herrerías sostiene que excluir de manera absoluta a los investigadores por estar adscritos a instituciones privadas sería inconstitucional. Sin embargo, en lugar de proponer la eliminación directa de la disposición cuestionada, plantea una interpretación que permitiría conceder los estímulos bajo determinados requisitos.
Entre las condiciones se contempla que los académicos participen en actividades docentes o programas de universidades públicas, sin necesidad de contar con una plaza de tiempo completo. También podrían recibir los apoyos quienes desarrollen investigaciones vinculadas con áreas estratégicas, prioridades nacionales o temas de interés público definidos por las autoridades correspondientes.
En los casos de investigadores que no cumplan con esos criterios, se mantendría la condición de que su universidad se comprometa a proporcionarles un apoyo económico mediante un convenio con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).
La propuesta busca evitar que la Corte invalide directamente la parte del artículo 41 que limita los estímulos a investigadores de instituciones del sector público. No obstante, los criterios planteados dejarían en manos de la SECIHTI la valoración de aspectos como la colaboración sustancial con universidades públicas y la pertinencia de los proyectos de investigación.
Esta facultad podría generar nuevas controversias legales si los académicos consideran que sus proyectos o actividades no fueron evaluados de manera adecuada.
Para declarar la invalidez de la disposición se requieren seis votos de los ocho ministros y ministras que participarán en la discusión, mientras que el proyecto interpretativo podría aprobarse con cinco votos.
El ministro Giovanni Figueroa se declaró impedido para intervenir en el asunto, debido a que promovió un amparo contra la legislación cuando era académico de la Universidad Iberoamericana y miembro del SNII.
La Corte analizará una acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores de oposición. Sin embargo, la resolución no pondrá fin automáticamente a los numerosos amparos presentados por investigadores que buscan acceder a los estímulos económicos.
La decisión definirá el alcance de las restricciones para los académicos de instituciones privadas y las condiciones bajo las cuales podrán participar en el sistema nacional de investigación.
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