De la redacción
El Buen Tono

Costa Rica.– El gobierno de Costa Rica anunció la inclusión de seis organizaciones criminales mexicanas en su lista de grupos considerados narcoterroristas, como parte de una estrategia para reforzar las acciones contra el crimen organizado transnacional.

La medida fue anunciada por la presidenta Laura Fernández Delgado durante la inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), una nueva prisión de máxima seguridad ubicada en el complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

Las organizaciones mexicanas incluidas en la declaratoria son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

La lista también contempla a tres organizaciones colombianas: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Endurecen medidas contra el crimen organizado

De acuerdo con el anuncio, la clasificación busca ampliar las herramientas legales de las autoridades costarricenses para combatir actividades como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y las operaciones financieras vinculadas al crimen organizado.

Entre las medidas previstas se encuentran el congelamiento de activos relacionados con las organizaciones señaladas, la intervención de operaciones financieras sospechosas y la aplicación de sanciones más severas contra quienes colaboren con estas redes, conforme al marco jurídico del país.

La administración costarricense también busca fortalecer la cooperación internacional para investigar las actividades criminales que atraviesan las fronteras de la región.

Durante el acto oficial, Fernández afirmó que la decisión representa un cambio en la estrategia de seguridad del país frente al avance del crimen organizado.

Inauguran prisión de máxima seguridad

El anuncio se realizó durante la apertura del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado, instalación penitenciaria diseñada para alojar a personas vinculadas con delitos de alto impacto.

El complejo, ubicado en La Reforma, cuenta con una capacidad anunciada de 5 mil 100 reclusos y contempla controles estrictos de vigilancia y comunicación para impedir que las redes criminales continúen operando desde el interior de las instalaciones.

Con estas acciones, el gobierno costarricense busca reforzar su política de seguridad ante el incremento de la violencia y la actividad del crimen organizado en Centroamérica.