Para detectar candidatos y funcionarios militantes en activo que cometan actos ilícitos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) instaló su Comisión Nacional de Ética Partidaria.
Los casos de ex gobernadores priistas que aún son militantes y sobre los que pesan denuncias de corrupción, seguirán en manos de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.
