AGENCIA
Alberta, Canadá.- Desde hace más de un año, una provocación recurrente del expresidente estadounidense Donald Trump -al insistir en que Canadá debería convertirse en el “Estado número 51” de Estados Unidos- terminó coincidiendo con un fenómeno político interno que dejó de ser marginal. Aunque la anexión resulta inviable, el planteamiento reavivó debates sobre soberanía y obligó al primer ministro Mark Carney a pronunciarse públicamente ante el avance de un movimiento separatista en la provincia de Alberta.
El foco del conflicto se concentra en el oeste canadiense, donde sectores del independentismo impulsan una propuesta más radical que cualquier acercamiento a Washington: La salida de Alberta de la federación para constituirse como un Estado soberano. La discusión evocó paralelismos con el Brexit y recordó los intentos separatistas de Quebec, aunque ahora respaldados por una de las economías provinciales más fuertes del país.
Desde Edmonton, el médico cirujano Modry, una de las voces visibles del movimiento, sostuvo que la integración de Alberta a Canadá en 1905 no fue producto de una decisión popular. Según su versión, las actuales provincias de Alberta y Saskatchewan fueron incorporadas a la Confederación sin consulta ciudadana, lo que habría marcado una relación desigual con el poder central desde su origen.
El argumento histórico se apoya también en declaraciones de principios del siglo XX que, a juicio de los separatistas, evidencian un esquema económico diseñado para beneficiar al este del país. En ese contexto, el reclamo central gira en torno a los recursos energéticos. Alberta concentra las principales reservas petroleras de Canadá y el independentismo denuncia que esa riqueza ha sido transferida de manera sistemática a Ottawa.
De acuerdo con Modry, la provincia habría aportado cerca de un billón de dólares al gobierno federal mediante mecanismos de ecualización fiscal, recibiendo mucho menos a cambio. A ello suman restricciones a la exportación de crudo, impuestos al carbono y un esquema que, aseguran, limita la autonomía económica provincial.
Más allá del aspecto financiero, el movimiento plantea una diferencia de valores entre el oeste y el este del país. Desde esta óptica, Alberta priorizaría los derechos individuales frente a una visión que consideran colectivista del poder central. En ese marco, cuestionan regulaciones federales en materia de propiedad, armas y políticas ambientales, que interpretan como una imposición ajena a la identidad provincial.
Durante décadas, estas tensiones se manifestaron como un descontento difuso, reforzado por políticas energéticas federales de los años ochenta. Sin embargo, el escenario actual muestra un salto cualitativo. El independentismo avanzó hacia una estrategia política concreta, encabezada por el grupo Stay Free Alberta y el Alberta Prosperity Project, que buscan reunir 177.732 firmas antes del 2 de mayo para forzar un referéndum oficial.
Este impulso fue posible tras una reforma a la Ley de Iniciativa Ciudadana promovida por la premier Danielle Smith, que redujo los requisitos para convocar consultas populares. Aunque Smith mantiene una postura ambigua, desde el movimiento aseguran que la presión interna sobre el Partido Conservador Unido es creciente.
Pese a la retórica de Trump, los líderes independentistas descartaron una anexión a Estados Unidos. No obstante, reportes del Financial Times revelaron reuniones de dirigentes del movimiento con funcionarios del Departamento de Estado para explorar escenarios financieros, lo que elevó la tensión política en Ottawa.
En respuesta, Mark Carney exigió públicamente a Washington respeto a la soberanía canadiense, acompañado por primeros ministros provinciales, incluida la propia Smith. El malestar aumentó luego de declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien describió a Alberta como un “socio natural”.
Las encuestas, sin embargo, muestran un respaldo limitado. De acuerdo con CBC, solo tres de cada diez habitantes de Alberta apoyarían la independencia en abstracto, cifra que cae cuando se consideran posibles efectos en pensiones, comercio y nivel de vida. Economistas advirtieron que una Alberta independiente enfrentaría serias dificultades fiscales y logísticas, al no contar con salida al mar y depender de infraestructura federal.
En paralelo, surgió una respuesta organizada al separatismo. El movimiento Forever Canadian reunió más de 400 mil firmas en defensa de la permanencia de Alberta en Canadá y advirtió sobre obstáculos legales, como los tratados con las Primeras Naciones, que no pueden ser redefinidos a nivel provincial.
Mientras la confrontación política entre Trump y Carney escala en el plano bilateral, en Alberta el debate ya no se centra en la existencia del independentismo, sino en su viabilidad real. Por ahora, las aspiraciones de ruptura avanzan en el discurso político, pero no logran consolidar un apoyo mayoritario entre la población.
