AGENCIA
Ciudad de México.- Tras la denuncia de Andrés Manuel López Beltrán sobre la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos, volvió a cobrar relevancia el número de políticos y funcionarios mexicanos que han enfrentado medidas similares durante la segunda administración del presidente Donald Trump.
De acuerdo con un reporte de Reuters publicado en 2025, el gobierno estadounidense habría revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos. Entre los casos que han trascendido públicamente se encuentran gobernadores, exgobernadores y autoridades municipales.
Uno de los casos más conocidos es el de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, quien en mayo de 2025 confirmó la revocación de su visa, así como la de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, exfuncionario estatal. Ambos señalaron desconocer las razones específicas de la decisión y negaron estar sujetos a investigaciones.
También figura Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero, quien en julio de 2025 informó que recibió por correo electrónico la notificación sobre la cancelación de su visa. El exmandatario aseguró entonces desconocer los motivos de la medida.
En agosto del mismo año, Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora, confirmó que su visa había sido retirada. Versiones extraoficiales señalaron que habría sido retenido cuando intentaba cruzar la frontera, aunque el funcionario sostuvo que la situación no afectó el desarrollo de sus actividades.
Entre los casos más recientes mencionados se encuentran los gobernadores morenistas Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, cuyas supuestas cancelaciones de visa fueron difundidas en junio de 2026.
Durazo rechazó la información y señaló que la publicación carecía de fuentes y pruebas suficientes para respaldar la afirmación, además de considerar que los señalamientos podían formar parte de intentos para desacreditar proyectos políticos.
Villarreal, por su parte, negó públicamente que Estados Unidos le hubiera cancelado la visa y afirmó que conserva el documento vigente. El gobernador tamaulipeco también aseguró que no había recibido ninguna notificación oficial por parte de las autoridades estadounidenses.
El caso de López Beltrán vuelve a colocar bajo los reflectores esta práctica del gobierno estadounidense, particularmente porque, en varios de los casos conocidos, los funcionarios afectados han declarado desconocer las razones específicas detrás de las cancelaciones.
La polémica también abre nuevamente el debate sobre el uso de las visas como instrumento de presión diplomática y política, mientras México y Estados Unidos mantienen una relación marcada por temas de seguridad, migración y cooperación bilateral.
