Yessica Argüelles
Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.– El Cabildo de Córdoba autorizó ayer viernes a la síndica única, Irene Sedas González, delegar en ocho abogados municipales las facultades para pleitos y cobranzas, en una decisión que revela la incapacidad de la titular para asumir personalmente la defensa jurídica del ayuntamiento, en medio de diferencias con el alcalde Manuel Alonso Cerezo y con al menos 40 millones de pesos en pasivos contingentes en riesgo.
La medida, avalada en sesión ordinaria, se tomó después de que Sedas González fuera exhibida por su falta de conocimiento en el caso “Patio de la Estrella”, al asistir sin personalidad jurídica ni protocolo de seguridad, lo que pospuso una diligencia clave. Este episodio evidenció un vacío legal, justo cuando el municipio enfrenta 56 juicios laborales (24.1 millones de pesos) y tres civiles (15.85 millones), según el último informe de la Secretaría de Fiscalización del Congreso de Veracruz.
Resulta y resalta que, tras el cambio de funciones, la facultad de dirimir estos casos recae en cómplices incondicionales de Manuel Alonso y Luis Abella, nombrados por ellos y de los cuales muchos han vivido de la administración pública desde la época de Tomás Ríos Bernal. Por ejemplo, María Teresa Toriz, quien tras pasar de un partido a otro y ocupar cargos como regidora y directora del Instituto de la Mujer sin resultados, es ahora la principal promotora jurídica de Manuel Alonso en el ayuntamiento. También está Miguel Ángel Rojas González, quien fungió como vocal en el recién aprobado Comité de Obras Públicas. A ellos se suman Ervey García Castro, María Guadalupe Reyes Gutiérrez, María Guadalupe Valdés García, Alan Contreras, Ulises Rafael López y Carlos Hernández Salgado.
La masiva delegación, aunque legal, evidencia la falta de control de Sedas en un área clave, agravada por su conflicto con el alcalde Alonso Cerezo, que habría debilitado la defensa jurídica. Sedas Castro llegó al puesto por recomendación de Zenyazen Escobar, quien al parecer negoció dinero y favores políticos para cederlo, dejándola ahora prácticamente sola.
El escenario legal pendiente advierte que la falta de acción oportuna en juicios como el Expediente Civil 1018/2023 o el Laboral 125/2022 podría generar sentencias condenatorias por defecto, convirtiendo pasivos contingentes en deuda pública.
La reducción de facultades de la síndica refleja que Manuel Alonso y Luis Abella buscan el control absoluto del ayuntamiento para generar contratos sin límites. En este medio le anticipamos que no solo debilitarán sus funciones en pleitos y cobranzas, sino que también anularán gran parte de su capacidad jurídica, incluso en la firma de contratos y licitaciones.
