CÓRDOBA, VER.- La polémica persigue al juez Juan Luis Mendoza Rosas. Luego de hacerse efectiva su reasignación al Distrito Judicial de Córdoba, con residencia en La Toma, nuevos señalamientos por parte de litigantes han encendido las alertas sobre el funcionamiento y la credibilidad del sistema de impartición de justicia en la región.
Abogados consultados aseguraron que existen denuncias y versiones de justiciables que refieren presuntas solicitudes de hasta 100 mil pesos para gestionar modificaciones de medidas provisionales en favor de determinados representados, acusaciones que, de confirmarse por las autoridades competentes, representarían un grave atentado contra el acceso a la justicia.
La llegada del juzgador ha generado inquietud entre integrantes del foro jurídico, quienes consideran indispensable que cualquier señalamiento sea investigado de manera inmediata, transparente y objetiva, para evitar que la sombra de la corrupción continúe debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.
Hasta el momento, no existe resolución firme que determine responsabilidad administrativa o penal en contra del juez; sin embargo, los nuevos señalamientos han provocado que abogados exijan la intervención de los órganos de control y disciplina judicial.
La justicia no puede convertirse en un privilegio reservado para quien tenga la capacidad de pagar. Si los tribunales son percibidos como espacios donde las resoluciones tienen precio, lo que se pone en duda no es solamente la actuación de un funcionario, sino la integridad misma del sistema judicial.
