De la redacción
El Buen Tono
Un total de 27 países se sumaron este domingo a la declaración internacional impulsada por Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón, con el objetivo de garantizar el tránsito seguro en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial.
La iniciativa, publicada originalmente el pasado 19 de marzo, establece un frente común ante las crecientes tensiones en la región. Este bloque internacional se mantiene separado de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien planteó abrir el paso por la fuerza pese al control que ejerce Irán sobre la zona.
En el documento, los países firmantes condenan los ataques atribuidos a Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, así como bombardeos dirigidos a instalaciones de petróleo y gas. También advierten sobre el cierre de facto del estrecho por parte de fuerzas iraníes, lo que ha encendido alertas a nivel internacional.
La declaración subraya la disposición de las naciones participantes para colaborar en medidas que aseguren la libre navegación en esta vía clave, además de reconocer los esfuerzos conjuntos para reforzar la seguridad marítima en la región.
Entre los países que se han integrado recientemente a esta coalición destacan Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Portugal, República Dominicana y Panamá, entre otros, de acuerdo con información del Gobierno británico.
Este fortalecimiento del bloque ocurre en medio de un escenario de alta tensión, luego de que el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel iniciaran una ofensiva que derivó en el bloqueo del estrecho, intensificando el conflicto en la zona.
Los países firmantes hicieron un llamado directo a Irán para que cese de inmediato las amenazas en el estrecho de Ormuz, incluyendo la colocación de minas, ataques con drones y misiles, así como cualquier acción que impida el tránsito marítimo.
Asimismo, el comunicado advierte que la interrupción del transporte marítimo y de las cadenas de suministro energético podría generar consecuencias a nivel global, afectando principalmente a sectores vulnerables y poniendo en riesgo la estabilidad internacional.
Finalmente, las naciones instaron a una moratoria inmediata sobre ataques a infraestructuras civiles, especialmente aquellas relacionadas con petróleo y gas, al considerar que su afectación agrava la crisis y eleva los riesgos para la paz mundial.
