

De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- El conflicto laboral en los talleres del DIF Orizaba escaló a un nivel más grave: además de las renuncias por salarios raquíticos, maestros denunciaron ahora hostigamiento laboral sistemático que ha derivado en crisis de ansiedad y estrés, afectaciones que ya ponen en riesgo su salud mental y su permanencia en el empleo.
Rafael Sánchez Serrano y Verónica, trabajadores del DIF Orizaba, fueron señalados por maestros de talleres como los responsables directos del hostigamiento laboral, prácticas que han derivado en crisis de ansiedad, estrés y renuncias forzadas del personal docente.
Algunos de los afectados señalaron que las presiones, el trato intimidatorio y las exigencias fuera de sus funciones han generado un ambiente laboral insostenible. Ante esta situación, exigieron la intervención inmediata de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para que se inicie una investigación formal y no queden impunes estas prácticas.
Los maestros advirtieron que, de no existir respuesta institucional, organizarán una manifestación contra el personal del DIF Orizaba señalado por hostigamiento y para exigir la intervención directa de la presidenta Lizzette Bojalil Simón, a quien responsabilizan de permitir la normalización de estas conductas.
Especialistas en materia laboral señalaron que las conductas denunciadas encuadran en acoso laboral o “mobbing”, violando derechos fundamentales protegidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la NOM-035-STPS-2018, que obliga a prevenir riesgos psicosociales como el estrés y la ansiedad. La LFT prohíbe expresamente el hostigamiento (artículos 3 y 3 Bis), establece la obligación de garantizar un ambiente laboral digno (arts. 132 y 133) y contempla sanciones que van de 250 a 5 mil UMAs, es decir, hasta casi medio millón de pesos.
El caso resulta aún más delicado porque el impacto en la salud mental agrava las violaciones, abriendo la puerta a demandas por daño moral, rescisión indemnizada y sanciones administrativas. Por ello, los docentes pidieron formalmente que la STPS Veracruz inspeccione el DIF Orizaba, donde se acumulan antecedentes de renuncias forzadas y explotación laboral disfrazada de “capacitación social”.
