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MÉXICO.- La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó este miércoles los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, después de una consulta pública que generó cuestionamientos por el posible riesgo de censura y afectaciones a la libertad de expresión. La presidenta del organismo, Norma Solano Rodríguez, aseguró que la CRT no podrá retirar, modificar ni ordenar contenidos, ni tampoco decidir qué información es verdadera o falsa; su función será vigilar que los medios cumplan con los procedimientos establecidos para atender las quejas de sus audiencias.
Entre los principales cambios está la eliminación de la propuesta que obligaba a los medios a evitar la difusión de información considerada falsa, descontextualizada o histórica presentada como actual. La versión definitiva establece que los medios deberán preservar la pluralidad y veracidad de la información conforme a sus propios códigos de ética y criterios editoriales. Además, la CRT solo podrá intervenir cuando un medio incumpla el procedimiento de atención de una queja, y no para revisar de oficio sus contenidos.
Los lineamientos aplican a concesionarios de radio, televisión abierta, televisión y audio de paga, así como a programadoras. Los medios deberán contar con una Defensoría de las Audiencias, un Código de Ética y mecanismos para atender inconformidades, además de distinguir publicidad de información e identificar los espacios en los que se mezclen información y opinión.
El procedimiento contempla que las audiencias presenten sus inconformidades ante la Defensoría de las Audiencias. Cuando exista una vulneración, ésta podrá emitir una recomendación, mientras que la CRT podrá intervenir únicamente si no se cumple el procedimiento correspondiente. La resolución deberá realizarse en un plazo máximo de 20 días, de acuerdo con la versión aprobada.
La regulación fue modificada después de la consulta pública realizada del 27 de julio al 21 de agosto. La CRT informó que recibió 8 mil 89 participaciones, de las cuales aproximadamente 5.3 por ciento correspondieron a propuestas concretas; otras fuentes reportaron cifras distintas entre participantes y comentarios, debido a la forma de contabilizar las aportaciones.
El debate cobró relevancia porque organizaciones de derechos humanos y representantes de medios habían advertido que la propuesta inicial podía otorgar facultades demasiado amplias al regulador para intervenir en contenidos. La versión final redujo ese alcance y concentró las posibles sanciones en incumplimientos relacionados con la existencia de defensorías, códigos de ética y mecanismos de atención a las audiencias, no en el contenido de las noticias u opiniones.
