AGENCIA
Los Ángeles.- El gobierno del expresidente Donald Trump ha vuelto a demostrar su falta de empatía y su desprecio por los principios más elementales de humanidad. Esta vez, la víctima es una niña mexicana de apenas cuatro años, gravemente enferma, a quien su administración le revocó el permiso humanitario que le permitía recibir un tratamiento médico vital en Estados Unidos, según denunciaron sus abogados este miércoles.
La menor, cuyo nombre no fue revelado por razones de privacidad, padece síndrome de intestino corto, una condición que le impide absorber nutrientes por sí misma. Su vida depende de una mochila especial que le administra nutrición intravenosa, tratamiento que no está disponible en México. A pesar de esto, el gobierno de Trump decidió quitarle a la familia el permiso temporal concedido en 2023, cuando cruzaron la frontera buscando ayuda médica.
“Los médicos han especificado claramente que ella morirá en cuestión de días sin esta atención”, denunció la abogada Gina Amato, del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel, en una conferencia de prensa en Los Ángeles. “Deportar a esta familia bajo estas condiciones no sólo es ilegal, sino un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”.
Mientras el Departamento de Seguridad Nacional intenta justificar la falta de acción diciendo que no hay un proceso activo de deportación, la familia ha recibido notificaciones formales en abril y mayo que indican lo contrario. Una nueva solicitud de permiso humanitario fue presentada recientemente, pero no ha recibido respuesta.
Este acto no es aislado. Forma parte de un patrón sistemático del gobierno de Trump para desmantelar las políticas migratorias humanitarias implementadas bajo la administración de Joe Biden. Políticas que permitían a personas en situaciones críticas permanecer temporalmente en EE. UU., aunque sin garantía de ciudadanía, muchas veces por razones médicas o humanitarias.
La historia de esta niña es desgarradora. En México, vivía prácticamente confinada a un hospital. Cuando cruzaron la frontera, funcionarios estadounidenses la llevaron de inmediato a un hospital en San Diego, donde su salud mejoró lo suficiente para ser incluida en un programa domiciliario del Children’s Hospital de Los Ángeles. Hoy, su vida ha cambiado: puede ir al parque, al supermercado y vivir fuera de un entorno hospitalario. Sin embargo, todo esto pende de un hilo por una decisión burocrática que ignora su derecho más básico: el de vivir.
Este caso expone una vez más el rostro más despiadado de una política migratoria que no distingue entre leyes y vidas humanas. Negarle a una niña enferma la posibilidad de recibir el tratamiento que la mantiene con vida, por el solo hecho de haber nacido al otro lado de la frontera, es un acto que debería avergonzar a cualquier nación que se llame civilizada.
La administración Trump, al revocar este permiso, no sólo se ha desentendido de su deber moral, sino que ha vuelto a poner en evidencia su política de mano dura sin corazón, en la que incluso una niña moribunda puede ser usada como daño colateral de su agenda migratoria.
Mientras la mochila negra que lleva a la espalda le sigue dando a esta niña una oportunidad de vida, la decisión final del gobierno estadounidense podría arrebatarle todo. Y con ello, otra parte de su dignidad como país.
