En Veracruz, la Fiscalía General del Estado atraviesa desde hace años una profunda crisis de credibilidad, no solo por los resultados en materia de procuración de justicia, sino también por los comportamientos éticos de quienes ocupan cargos estratégicos dentro de la institución.
En ese contexto, ha comenzado a circular información delicada que involucra a un exfiscal regional de la administración pasada, hoy abogado en funciones privadas, y a una fiscal en activo con responsabilidades territoriales relevantes. Ambos son figuras conocidas dentro del aparato de procuración de justicia del estado.
De acuerdo con versiones internas surgidas desde la propia Fiscalía, el exfuncionario Uriel Moreno Mendoza, quien habría ocupado cargos de alto nivel durante la gestión de Jorge Winckler, habría sostenido una relación personal con otra servidora pública, también adscrita a la institución. Según estas versiones, dicha relación habría derivado en un embarazo, generando hoy un conflicto legal y moral de enormes dimensiones.
Lo verdaderamente grave no es la vida privada —que por sí misma pertenece al ámbito personal—, sino la presunta negativa de Uriel Moreno Mendoza a asumir una responsabilidad legal básica: el reconocimiento de la paternidad y el cumplimiento de las obligaciones que de ella derivan, particularmente cuando quien estaría involucrado es abogado y exfiscal, es decir, un conocedor pleno de la ley.
La pregunta es inevitable:
👉 ¿Puede un operador del sistema de justicia evadir, en su vida personal, las mismas normas que exigió aplicar a otros?
Más aún cuando la mujer señalada como pareja del exfiscal ocupa hoy un cargo activo dentro de la Fiscalía, lo que abre una segunda interrogante aún más delicada:
👉 ¿Existe un posible conflicto de interés, presión institucional o uso del aparato público para silenciar o minimizar un conflicto privado con consecuencias jurídicas?
Hasta ahora no existe un posicionamiento público de las personas mencionadas. Tampoco se conoce si hay procedimientos civiles iniciados para el reconocimiento de derechos del menor presuntamente involucrado. Pero el silencio institucional, en un estado donde la impunidad es la regla, no abona a la confianza pública.
Este no es un asunto de chisme ni de moral privada. Es un tema de coherencia pública, ética institucional y responsabilidad legal, especialmente cuando se trata de personas que han tenido —y tienen— en sus manos la vida, la libertad y los derechos de terceros.
Desde este espacio se deja a salvo el derecho de réplica de todos los involucrados y se hace un llamado a que, si estas versiones son falsas, se desmientan con claridad; y si son ciertas, se atiendan conforme a derecho, sin privilegios, sin silencios y sin protección institucional.
Porque la ley no puede ser implacable con los débiles y flexible con quienes la administran.
